Las
madres y las maestras de las víctimas del narcotráfico de las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, denuncian –desde hace años- la
dimensión del negocio que convierte a sus hijos y alumnos en
consumidores consumidos, matados y matadores sin sentido. Es un dato del
presente. De un tiempo que tiene, sin embargo, una larga historia de
silencios, complicidades e impunidades.
* Periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE)
Un negocio
que viene de arriba hacia abajo y carga alforjas de dinero desde abajo
hacia arriba mientras que en las calles queda la sangre joven derramada.
Es el nuevo circuito de dinero fresco que tiene el capitalismo. Arma
económica y política: junta millones y millones de pesos y exilia
decenas y decenas de pibas y pibes de la necesidad del cambio social.
Doble gran negocio del capitalismo.
A pesar de la dimensión existencial del negocio de sustancias prohibidas en los principales territorios de la Argentina, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su último discurso al dejar inaugurado el 131 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en el que pronunció 25.948 palabras, nunca mencionó los vocablos narcotráfico ni drogas. Una ausencia significativa. ¿Por qué ese silencio?. ¿Por qué esa gambeta a uno de los principales dramas que sufre el pueblo?
Por decisiones políticas misteriosas, en agosto del año pasado dos secretarías nacionales presentaron un conjunto de documentos e informes que hablan del desarrollo del narcotráfico en la zona del Gran Rosario en el juzgado del doctor César Torres, en Capital Federal.
Allí se habla de un negocio que llega a mover hasta 2 mil millones de pesos en un año, la tercera parte del total del presupuesto de la ciudad Cuna de la Bandera destinado a cubrir las necesidades de un millón de personas.
Esa enorme cantidad de dinero va a parar a las manos de un grupo de cuatro familias que hoy manejan el negocio desde hace, por lo menos, cinco años.
Fueron capaces de montar empresas comerciales a través de testaferros, abogados y permisos emitidos desde diferentes organismos gubernamentales.
Como sucede a nivel nacional, también en las provincias el narcotráfico tiene una historia que va más allá de las actuales administraciones e incluye distintas identidades partidarias.
En el caso de Santa Fe, las primeras cifras oficiales del secuestro de cocaína, por ejemplo, datan de 1988 y sostienen que entre 1973 y ese año de referencia solamente se habían secuestrado 3 kilogramos de la mencionada droga, a razón de 200 gramos por año. Un dibujo pero una cifra oficial. Hacia fines de 2012, la información del gobierno de la provincia decía que la cantidad de cocaína secuestrada ascendía a más de 400 kilogramos solamente en ese año. La distancia entre 200 gramos por año y 400 mil gramos es de 2 mil veces. No hubo ningún negocio que multiplicara tanto la facturación en los últimos cuarenta años.
Pero el verdadero problema está, como siempre, en la realidad de las chicas y los chicos que son seducidos por el dinero del narcotráfico para que abandonen la escuela y la búsqueda de sus propios proyectos personales o familiares.
Los papeles aportados por las dos Secretarías nacionales ante el juez Torres dicen casi con obscenidad: “La protección de la comisaría asciende a 1500 pesos por día. Un soldadito armado cuesta 300 pesos diarios. Uno desarmado, 150 pesos diarios. Un cuidador y vendedor adentro del búnker cuesta 400 pesos diarios. Si es menor cuesta 200 pesos”, apuntan las cifras. Y agrega el documento que “se suele cortar en cuatro un kilo de cocaína de buena calidad que cuesta 6500 pesos. En esas condiciones, un ‘kiosko’ o búnker deja 25 mil pesos por día, en ese lugar y con ese predicamento. Uno intermedio deja 12 mil pesos por día. Aunque hay 132 kioscos geoposicionados, con el nombre del soldadito a cargo y a qué banda pertenece, se calcula que en Rosario operan unos 400 puestos de venta de droga”.
El narcotráfico ha crecido en las últimas décadas en el país y en las principales provincias. No hablar del negocio que consume la vida de los pibes o pretender desviar las informaciones al territorio de las operaciones políticas es casi una forma de complicidad.
A pesar de la dimensión existencial del negocio de sustancias prohibidas en los principales territorios de la Argentina, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su último discurso al dejar inaugurado el 131 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en el que pronunció 25.948 palabras, nunca mencionó los vocablos narcotráfico ni drogas. Una ausencia significativa. ¿Por qué ese silencio?. ¿Por qué esa gambeta a uno de los principales dramas que sufre el pueblo?
Por decisiones políticas misteriosas, en agosto del año pasado dos secretarías nacionales presentaron un conjunto de documentos e informes que hablan del desarrollo del narcotráfico en la zona del Gran Rosario en el juzgado del doctor César Torres, en Capital Federal.
Allí se habla de un negocio que llega a mover hasta 2 mil millones de pesos en un año, la tercera parte del total del presupuesto de la ciudad Cuna de la Bandera destinado a cubrir las necesidades de un millón de personas.
Esa enorme cantidad de dinero va a parar a las manos de un grupo de cuatro familias que hoy manejan el negocio desde hace, por lo menos, cinco años.
Fueron capaces de montar empresas comerciales a través de testaferros, abogados y permisos emitidos desde diferentes organismos gubernamentales.
Como sucede a nivel nacional, también en las provincias el narcotráfico tiene una historia que va más allá de las actuales administraciones e incluye distintas identidades partidarias.
En el caso de Santa Fe, las primeras cifras oficiales del secuestro de cocaína, por ejemplo, datan de 1988 y sostienen que entre 1973 y ese año de referencia solamente se habían secuestrado 3 kilogramos de la mencionada droga, a razón de 200 gramos por año. Un dibujo pero una cifra oficial. Hacia fines de 2012, la información del gobierno de la provincia decía que la cantidad de cocaína secuestrada ascendía a más de 400 kilogramos solamente en ese año. La distancia entre 200 gramos por año y 400 mil gramos es de 2 mil veces. No hubo ningún negocio que multiplicara tanto la facturación en los últimos cuarenta años.
Pero el verdadero problema está, como siempre, en la realidad de las chicas y los chicos que son seducidos por el dinero del narcotráfico para que abandonen la escuela y la búsqueda de sus propios proyectos personales o familiares.
Los papeles aportados por las dos Secretarías nacionales ante el juez Torres dicen casi con obscenidad: “La protección de la comisaría asciende a 1500 pesos por día. Un soldadito armado cuesta 300 pesos diarios. Uno desarmado, 150 pesos diarios. Un cuidador y vendedor adentro del búnker cuesta 400 pesos diarios. Si es menor cuesta 200 pesos”, apuntan las cifras. Y agrega el documento que “se suele cortar en cuatro un kilo de cocaína de buena calidad que cuesta 6500 pesos. En esas condiciones, un ‘kiosko’ o búnker deja 25 mil pesos por día, en ese lugar y con ese predicamento. Uno intermedio deja 12 mil pesos por día. Aunque hay 132 kioscos geoposicionados, con el nombre del soldadito a cargo y a qué banda pertenece, se calcula que en Rosario operan unos 400 puestos de venta de droga”.
El narcotráfico ha crecido en las últimas décadas en el país y en las principales provincias. No hablar del negocio que consume la vida de los pibes o pretender desviar las informaciones al territorio de las operaciones políticas es casi una forma de complicidad.
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