Criminalización de la protesta Más pruebas confirman el espionaje de Gendarmería-Proyecto X

Aunque la justicia aún no se expidió, las pruebas de la causa hablan por sí mismas. La Gendarmería utilizó sus recursos humanos y materiales para espiar a dirigentes sociales con el objetivo de criminalizar sus protestas.

Los datos recabados en forma ilegal iban a parar a algunos de los miles de expedientes abiertos contra líderes y militantes por cortes de rutas y manifestaciones en el marco de la protesta social. Y en ningún caso tales iniciativas (recolección de datos personales, fotos y confección de base de datos sobre militantes) contaron con una orden judicial por la sencilla razón de que ningún magistrado desconoce que violan tres leyes nacionales y la Constitución. Aún antes, algunas de las causas iniciadas sobre estas pruebas fueron anuladas y dos sindicalistas sobreseídos (ver más adelante en esta sección). En breve, deberían dar explicaciones en Tribunales los miembros de la cúpula de Gendarmería.
La contundencia del resultado de las pericias, publicado por Clarín, había sido anticipada por esta redactora en noviembre de 2011 en PáginaI12, y ratifica la solidez de la denuncia inicial, de la cual no pocos dudaron en su momento.
Ojos Vendados reproduce la nota original, una actualización con revelaciones inéditas que surgen del expediente y un breve análisis de antecedentes.
— Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.
— Prensa independiente, amigo.
— No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
— Yo me voy solo, no te hagas drama.
— Bueno, andate.
Este diálogo pertenece al video de una marcha aportado como prueba por la Gendarmería en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero.
Es uno de los tantos episodios por los cuales organizaciones de derechos humanos y militantes sindicales, sociales y políticos denunciarán que en diversas protestas gremiales y sociales "se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional", hechos de los cuales dicen haber sido damnificados tanto en forma individual como colectiva. Las revelaciones surgen de las actas de esa fuerza labradas durante varios cortes de ruta y manifestaciones por conflictos en fábricas de la zona norte ocurridos en los últimos cinco años, y también en marchas por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, como así también de las declaraciones testimoniales de los gendarmes en las causas judiciales en las que están imputados los mismos dirigentes identificados por ellos en las diversas marchas y cortes de calles y rutas. Según los documentos a los que esta periodista tuvo acceso exclusivo, los uniformados admitieron que se "entremezclaron con la multitud vestidos de civil" para "conocer a los cabecillas de las manifestaciones", y que pudieron realizar su tarea con éxito, es decir, encontrar a quien buscaban, con la ayuda de "bases de datos de la fuerza". Incluso reconocieron que sacaron fotos de los manifestantes con sus celulares. En el caso del ex delegado de Kraft Ramón Bogado, llegaron a describir qué tipo de reuniones se hacían en su domicilio e incluso lo que allí se decidía.
Los delegados y trabajadores Lorena Gentile, Javier Hermosilla y Leonardo Norniella, junto a la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas y a la hija de desaparecidos Alejandrina Barry; con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, y Juan Carlos Capurro, del Comité de Acción Jurídica de la CTA y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, impulsarán esta denuncia con el patrocinio de Myriam Bregman y los demás abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), como así también de la Asociación de Abogados Laboralistas. En ella solicitan que la justicia le pida explicaciones a la Gendarmería sobre "órdenes y reglamentos referidos al funcionamiento de los ’centros de reunión de información’" a los que aluden los gendarmes en sus testimonios, en los que estarían archivados "datos de manifestantes y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales o de derechos humanos", y que se informe sobre "toda normativa referente a la participación en las manifestaciones públicas y conflictos gremiales". Según lo descripto en las actas de Gendarmería, miembros de esa fuerza pertenecientes a la Unidad Especial de Procedimiento Judicial, realizaron estas "identificaciones" en las puertas de las fábricas "para la reunión de información", así como de ambas sedes del ministerio de Trabajo de la Nación, en ocasión de las marchas que allí sucedieron. "Solicitamos se investigue si dicha fuerza tiene una estructura de inteligencia que sistematiza datos sobre organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, y en su caso se investigue quiénes dieron las órdenes para que funcione dicha estructura y quiénes resultan responsables ya sea en calidad de autores, partícipes o cómplices de la realización de tareas de espionaje ilegal sobre las organizaciones referidas", pedirán en su querella. Consultado al respecto, el ministerio de Seguridad no dió ninguna respuesta.
“La Gendarmería parece dispuesta a regular el conflicto gremial a través de este espionaje sobre comisiones internas combativas y aquellos que se solidarizan con ellos, y esto nos parece peligroso porque ahora cada trabajador que sale a luchar sabe que sus dirigentes están siendo enjuiciados y espiados”, expresó Bregman. “Venimos denunciando que hay cinco mil procesos abiertos contra luchadores, y la Gendarmería empezó a ponerle nombre y apellido a esas personas, que son protagonistas en las protestas, no es al bulto, seleccionan a quien perseguir”, completó. Más allá de plantear que los gendarmes que participaron de estos hechos podrían haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario o abuso de autoridad, los denunciantes pretenden que se investigue “la responsabilidad de los máximos oficiales de la Gendarmería dado que lo que aquí se denuncia es una práctica que aparece como institucional”. En tal sentido, recordaron que las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior establecen que “ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, y que la resolución 38/2003 sobre los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad y policiales “prohíbe las tareas sobre organizaciones sociales y políticas, porque la policía realizaba esas tareas y la jurisprudencia determinó que ello es ilegal”.

Prensa independiente, gendarme encubierto

Los letrados del Ceprodh analizaron el contenido de una decena de expedientes, que tienen como imputados a Hermosilla, Gentile y Norniella, y también a Néstor Pitrola (PO) y Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur) por haber participado de un corte de ruta en apoyo a los despedidos de la ex Terrabusi. De esas causas surge el detalle de estas actividades que vienen desplegando los gendarmes, en algunos casos sin ninguna orden judicial, y en otros extralimitándose más allá del pedido puntual del juzgado. La información que los uniformados habrían obtenido “clandestinamente” se va blanqueando con su presentación en estos expedientes judiciales. A pesar de que estos juzgados de primera instancia la hayan tomado por válida, es posible que surjan nulidades por el origen de estas “pruebas”.
En su vocabulario los gendarmes hablan de "cabecillas", "en forma encubierta” y de “Centros de Reunión de Información”, términos que remiten a la dictadura. Y títulos como: “Información resultante explotación fuentes públicas y MM CC SS locales” o “Informe de los hechos producido por personal de Inteligencia del Centro de Reunión de Información ‘Campo de Mayo’ de Gendarmería Nacional”. En la causa 620/2010 del juzgado federal 2 de Tres de Febrero la gendarme Elizabeth Calisaya declaró que "encontrándose vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta, y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión (que terminaron imputadas en ese expediente por un corte de ruta), preguntando entre los que se manifestaban el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados Gentile, Norniella y Coria". De hecho, Leonardo Norniella es un reconocido delegado de Pepsico, y Oscar Coria lo era de Kraft antes de ser despedido. "Esta modalidad es rutinaria cuando se dan los cortes de ruta a efectos de conocer a los cabecillas de las manifestaciones", agregó en su declaración testimonial. Calisaya aclaró que al principio se confundió porque preguntó por Norieta, pero luego "lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que Norniella encabezaba un corte”. Los denunciantes consideran que la Gendarmería debe responder qué datos contienen esas bases que le permiten a la agente identificar “correctamente” a Norniella, Gentile y Coria como delegados de Kraft y Pepsico, como así también quién ordenó la confección de ese archivo y quiénes acceden a él. En la causa 481/09, del mismo juzgado el gendarme Raúl Ernesto Sheurman relató que durante una manifestación “intentó ubicar a dos personas que ya conoce como ‘organizadores’ de otros cortes, pero como no pudo sacar fotos de ellos le sacó a otros manifestantes ‘con el celular’ para no sufrir reprimendas de los manifestantes”.
En la causa 5234/10 del juzgado federal 1 de San Martín Jorge Sobrado, ex detenido desaparecidos, es mencionado por el gendarme Rodríguez López por haber participado en un acto de solidaridad con los trabajadores de la empresa CAT, y agrega que "ya lo conocía de las protestas de Kraft". Sin embargo, los denunciantes sostienen que "Sobrado jamás fue indicado como participante de las medidas de protesta de los trabajadores de Kraft". *En la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería, con primeros planos a militantes de derechos humanos como Elia Espen y María Victoria Moyano Artigas. En las filmaciones consta como los gendarmes se hacen pasar por periodistas, y al ser increpados por delegados de fábrica sobre a qué medio pertenecen responden "prensa independiente".
En la causa 141/07 la Gendarmería informó sobre el domicilio particular del delegado Ramón Bogado que "a simple vista se pudo determinar que el lugar no se trata de una finca destinada a vivienda familiar sino de un local destinado a reuniones gremiales, se observan movimientos de unas 50 personas organizando una manifestación para el día 7 de mayo frente a la empresa en protesta de los salarios percibidos (sic)". En otro informe los gendarmes describen que el gremio de la alimentación "se encuentra dividido en dos sectores, uno ’radicalizado’ y otro ’más componedor’; evalúan si el conflicto de Kraft tiene apoyo, que el delegado Javier Hermosilla “proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores” y que “fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS”, y hasta por qué sucedieron los despidos. “Se estima como probable la intervención del ministerio de Trabajo en las próximas horas, dictando la conciliación obligatoria”, escriben los gendarmes. El 21 de agosto de 2009 al mediodía los trabajadores de Kraft tenían previsto manifestarse sobre la Panamericana, a la altura del kilómetro 35. Pero ya a las 10.45 tanto la Gendarmería, comandante Julio Panozzo) y Autopistas del Sol, Eduardo Pomsztein, sabían de la protesta. ¿Cómo accedieron a esa información? En el acta labrada por el juzgado federal 1 de San Isidro, Pomsztein dice que se lo informó el comandante Díaz Aragón, a cargo del Escuadrón de Gendarmería afectado al Acceso Norte. Díaz Aragón jamás fue citado a dar explicaciones de cómo accedió a ese dato.
En el marco de ese proceso el comandante Cristin Rodríguez informa: “En el lugar (Henry Ford y Panamericana) se encontraban aproximadamente 10 personas en preparativos de lo que se denomina ‘olla popular’, a la espera de un grupo que se encontraba en la Capital negociando condiciones laborales ante el ministerio de Trabajo”. A fojas 176/177 el mismo comandante hace un detallado informe sobre el conflicto gremial, en el que describe las reuniones en el ministerio de Trabajo, quiénes participaban de ellas, qué grupos acudieron en apoyo a manifestarse en la calle y hasta cuándo serían los próximos encuentros.
Otra de las actividades de los uniformados denunciados fue clasificar a los manifestantes según el Centro de Estudiantes al que pertenecen, y establecer una "cronología de las medidas de fuerza" referida a las acciones realizadas en Capital en apoyo a los conflictos mencionados. En las numerosas actas labradas por los gendarmes hay un persistente interés por el encuadre político o gremial que pudieran tener los manifestantes. Incluso han llegado a nombrar como presente en las marchas a personas que habían fallecido meses antes, es decir que "el autor del ’delito’ estaba decidido previamente no en base a una acción concreta de éste sino por una decisión tomada en un oscuro escritorio donde se indicó que determinadas personas debían ser criminalizadas, espiadas y llevadas ante un tribunal, sin más". Es el caso del dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Luis Cubilla, que murió el 11 de junio de 2009 y fue mencionado por los gendarmes aduciendo que lo vieron manifestarse el 20 y 21 de agosto de ese año. No es la primera vez que sucede, la tentación de espiar a los ciudadanos parece ser irresistible para las fuerzas armadas y de seguridad, aún en democracia y a pesar de la legislación que lo prohibe. Quienes pidieron que estos hechos sean investigados aspiran a que sea la última.

El estado de la causa

Tras la denuncia, con los primeros hallazgos de la investigación judicial el caso comenzó a llamarse Proyecto X. Tal es la denominación de una de las bases de datos que usaron los gendarmes, junto al Sistema de Antecedentes de Gendarmería SAG y Sistema de Gestión Operativa SGO, por ejemplo, en los casos de Luciano Arruga, Florencia Penacchi, Antonini Wilson y Felisa Miceli. Aunque la auditoría interna que hizo el ministerio de Seguridad no encontró ninguno de los elementos de la acusación, las propias respuestas de la Gendarmería al juzgado confirman las actividades descriptas por los querellantes. Según los organismos de derechos humanos y sociales denunciantes, “el escándalo provocó una gran crisis en el gobierno porque apuntó al contrato fundacional del kirchnerismo en cuanto a la no criminalización de la protesta social, y ahora quedó demostrado cómo tienen todo un andamiaje para hacerlo”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó la necesidad de investigar si agentes de la Gendarmería de modo institucionalizado tuvieron un actuar en desmedro de las leyes 24.059 y 25.520. Previo al requerimiento fiscal el ministerio de Seguridad informó sobre la existencia de las bases de datos, pero no mencionó la que tiene sede en Campo de Mayo, de donde, según los denunciantes, salió la información para incriminar a los militantes y manifestantes. Y envió al juzgado una auditoría interna propia que dio resultado negativo, es decir que niega las acusaciones. En su conferencia de prensa del 24 de febrero, la ministra del área Nilda Garré sostuvo que el Proyecto X no se usaba porque estaba “obsoleto”. Sin embargo, recientemente la presidenta Cristina Fernández afirmó que habían hecho un hallazgo de droga a través de ese sistema. En concreto, a partir de la difusión de la denuncia, Proyecto X dejó de utilizarse pero la Gendarmería está pidiendo que los dejen volver a hacerlo porque dicen que de otro modo no pueden cumplir con los requerimientos judiciales. En las respuestas de la Gendarmería a las preguntas de la fiscalía consta que lo usaron hasta la fecha de la auditoría interna.
El juez del caso, Norberto Oyarbide, nombró a un perito de la SIDE con identidad reservada, algo que rechazaron los denunciantes porque sostienen que ese organismo de inteligencia responde al Poder Ejecutivo, que es el investigado.
La Gendarmería también informó sobre la directiva del Director Nacional 01/2009 que regula la actuación de los “elementos del despliegue ante hechos de alteraciones al orden público”, que además de mencionar si deben colocar vallas, si deben dispersar dejando una vía de salida y cómo tomar contacto con el juez, describen que “se practica reunir información, a fin de identificar a los dirigentes o delegados y/o representantes ’líderes’ del grupo de manifestantes, tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones”. En el Anexo 2 consta que establecen la conformación de un “equipo de registro fílmico y fotográfico cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para eventualmente (sic) ser utilizadas, de ser necesario ante un proceso judicial”. Según dijo la abogada Myriam Bregman a Ojos Vendados, “esto demuestra que filman sin orden judicial y después blanquean según las necesidades de las causas, juntan información y después deciden qué hacer con ella, tal como venimos denunciando”.
Entre la documentación remitida al juzgado figura el texto completo de esa directiva firmada por el jefe de los gendarmes, Héctor Schenone, en el que habla de la crisis económica mundial, de la cual nuestro país no es ajeno, de la situación en el conurbano e indica con las siglas CRN a los cortes de rutas nacionales. Entre las “actividades previas” indica: “Lograr una adecuada y eficiente reunión de información y producción de Inteligencia, necesaria para definir el Escenario Nacional y determinar el empleo operacional de GNA (Gendarmería Nacional Argentina), en los Escenarios Regionales emergentes atento la problemática social de cada lugar (prioridades); a fin de brindar un adecuado asesoramiento a la conducción de la Fuerza”. Y luego de indicar cómo producir y difundir los informes, expresa: “Todo lo expuesto precedentemente, se propone que se establezca claramente, en atención al marco legal que posee el Sistema de Inteligencia Criminal, en especial, a lo referido a los distintos procedimientos, medios de reunión y mecanismos de difusión, para que la información o la inteligencia producida sea utilizada en forma oportuna e integralmente por los escalones de la Fuerza que deban adoptar previsiones para una eventual y futura acción operacional”.
En el Anexo IV aparecen correos electrónicos, y uno de ellos es un informe sobre la Corriente Clasista Combativa (CCC) en Jujuy, un croquis, el nombre del dirigente del lugar y hasta la temperatura. También recomiendan que en las manifestaciones públicas hay que mantener lejos el periodismo para no dañar la imagen de la institución y “neutralizar en forma sutil su accionar”.
En la inspección ocular al edificio Centinela del 9 de mayo los peritos encontraron precintado el sector de Proyecto X, y determinaron que necesitan elementos especiales para realizar los peritajes. Por su parte, el juez Oyarbide se declaró incompetente por las acusaciones referidas a la base de datos de Campo de Mayo, que fue el eje de la denuncia mientras que todo lo que trascendió luego sobre Proyecto X surge de la propia documentación y respuestas de la Gendarmería. El juez remitió el caso a la justicia de San Martín, lo cual fue apelado por la querella por considerar que en esa jurisdicción “avalaron” el espionaje y donde tramitan la mayoría de las causas contra dirigentes de la zona norte.
Los denunciantes apuntaron que “la responsabilidad esta vez no puede ser achacada a gobernadores, a la bonaerense o a la burocracia, sino que es exclusiva del Poder Ejecutivo”. Y subrayaron que, además de haber violado la Ley Nacional de Inteligencia, también fueron avasalladas la ley de protección de datos personales y la prohibición de actuar en manifestaciones sin identificación. En definitiva, esta metodología pone al descubierto, según indicaron las organizaciones denunciantes, que “la inmensa mayoría de las causas penales contra luchadores fueron armadas de esta manera: con actas redactadas en el lugar de las manifestaciones públicas por efectivos de las fuerzas de seguridad, que resultan luego los exclusivos testigos, por lo cual esos procesos deberían caer por su absoluta nulidad”. El informe sobre la criminalización de la protesta social en Argentina relevó 2268 casos, que se suman a centenares de la CTA. Pero la amplia mayoría de los procesados pertenecen a partidos de izquierda trotskista, en especial al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Esa mala costumbre de espiar fronteras adentro

El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque vedado por la ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de los marinos de la base Almirante Zar. Pero los antecedentes se remontan a 1997, cuando el ministro menemista Carlos Corach realizó "espionaje ideológico" a pobladores, organizaciones y dirigentes de las "villas de emergencia".
Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la justicia federal en Córdoba. Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/ 12, y uno de los periodistas espiados llegó a ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al ministerio del Interior que "pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia" sobre partidos políticos y organizaciones sociales.
En marzo de 2007 la policía salteña investigó a docentes en huelga. Y en julio del mismo año este diario informó que fiscales y policías federales entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) sobre la "presunta amenaza del narcoterrorismo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)". En esos trabajos pusieron bajo la lupa los "secuestros de la Triple Frontera" y las actividades en el país del vocero de las FARC, Javier Calderón. Entre los "denunciados" de participar en ellas figuraban Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. "Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es ’ese sitio oscuro a atacar’, como sostiene (George) Bush", había dicho en aquel momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Fuente: www.adrianameyer.com.ar