El
diputado nacional por el Instrumento Electoral por la Unidad Popular
(UP) en el Frente Amplio Progresista (FAP), Víctor De Gennaro,
presentará a fines de agosto un proyecto de ley que deroga el régimen
que dio vida a las administradoras de riesgos de trabajo (ART) y
estatiza el sistema de prevención y asistencia de accidentes y
enfermedades laborales.
Víctor
De Gennaro presentará a fines de agosto un proyecto de ley que deroga
el régimen que dio vida a las administradoras de riesgos de trabajo
(ART) y estatiza el sistema de prevención y asistencia de accidentes y
enfermedades laborales.
“Tras la estatización de las AFJP, el sistema de administradoras del riesgo del trabajo es el último gran negocio de la década enemista por desarmar”, dijo el legislador durante la presentación en Rosario de la iniciativa que, impulsada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se presentará a fin de agosto en el Congreso, luego de dos años de debate en el ámbito sindical.
La iniciativa contempla la derogación de la ley 24.557, que dio origen a las ART y que entró en un terreno de discusión cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional los artículos que impedían el reclamo civil de los trabajadores damnificados.
En ese marco, el ex secretario general de la CTA consideró que el régimen actual debe ser derogado y reemplazado por una ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
El proyecto propone estatizar el sistema y orientarlo fundamentalmente a la prevención. “El trabajo cuesta la vida de 20 compañeros por día, cuatro por accidentes directos y 16 por enfermedades laborales”, dijo al subrayar la necesidad de que el nuevo régimen proteja no sólo a los 8 millones de empleados en blanco sino “a los ocho millones que no están alcanzados por la cobertura porque están en negro”.
Para ello, se crearía la Comisión nacional de Seguridad y Salud Laboral, encargada de elaborar políticas de prevención, en coordinación con la Oficina Nacional de Salud y Seguridad Laboral, que ejercería el poder de policía. En tanto, el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, administraría los fondos integrados por las cuotas que hoy se pagan a las ART y se encargaría de financiar las prestaciones en forma automática.
Delegados de prevención. La iniciativa contempla también la participación de los trabajadores a través de la figura del delegado de prevención, que “serán elegidos por sus propios compañeros por voto directo y secreto”, tendrán fuero sindical y podrán denunciar el trabajo precario y no registrado y podrán participar en las negociaciones paritarias para la discusión de condiciones de trabajo.
De Gennaro presentó la propuesta de nuevo marco regulatorio durante una conferencia organizada por ATE y la CTA Rosario, de la que participó también el secretario de Salud Laboral de la CTA, Jorge Yabkowski.
El diputado y dirigente gremial rechazó las alternativas que maneja el gobierno, sindicatos y cámaras empresarias para reemplazar la ley 24.557. “Nosotros no queremos más versos, ni la creación de mutuas, ni las ART ni las administradoras de los sindicatos, acá está en juego la salud de la gente”, dijo.
“Acá el problema no es hacer un listado y asegurar cuánto vale un brazo o una pierna para discutir si le pagamos más o menos, hay que evitar los accidentes y la muerte, hay que dejar de echarle la culpa a la víctima”, señaló, al tiempo que enfatizó que uno de ls problemas más graves en este aspecto es la sobreexplotación “con jornadas de 10, 14 ó 15 horas”.
Los dirigentes de la CTA y de las organizaciones que participaron en la discusión del proyecto prevén presentarlo en el congreso, una vez que termine la última ronda de debate en distintos puntos del país, en el marco de una importante movilización.
“Las ART facturan 12.70 millones de pesos por año, las principales empresas del sector están entre las 200 más grandes del país”, remarcó De Genaro, quien instó a cambiar de raíz la estructura de prevención y atención de accidentes y enfermedades laborales con un régimen “estatal, que atienda a todos los trabajadores, registrados o no, y que les garanticen atención en cualquier efector y que aseugre la eficacia yla automaticidad de las prestaciones, sin cerrar la vía de la acción civil”.
Fuente: Álvaro Torriglia, diario La Capital de Rosario
“Tras la estatización de las AFJP, el sistema de administradoras del riesgo del trabajo es el último gran negocio de la década enemista por desarmar”, dijo el legislador durante la presentación en Rosario de la iniciativa que, impulsada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se presentará a fin de agosto en el Congreso, luego de dos años de debate en el ámbito sindical.
La iniciativa contempla la derogación de la ley 24.557, que dio origen a las ART y que entró en un terreno de discusión cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional los artículos que impedían el reclamo civil de los trabajadores damnificados.
En ese marco, el ex secretario general de la CTA consideró que el régimen actual debe ser derogado y reemplazado por una ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
El proyecto propone estatizar el sistema y orientarlo fundamentalmente a la prevención. “El trabajo cuesta la vida de 20 compañeros por día, cuatro por accidentes directos y 16 por enfermedades laborales”, dijo al subrayar la necesidad de que el nuevo régimen proteja no sólo a los 8 millones de empleados en blanco sino “a los ocho millones que no están alcanzados por la cobertura porque están en negro”.
Para ello, se crearía la Comisión nacional de Seguridad y Salud Laboral, encargada de elaborar políticas de prevención, en coordinación con la Oficina Nacional de Salud y Seguridad Laboral, que ejercería el poder de policía. En tanto, el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, administraría los fondos integrados por las cuotas que hoy se pagan a las ART y se encargaría de financiar las prestaciones en forma automática.
Delegados de prevención. La iniciativa contempla también la participación de los trabajadores a través de la figura del delegado de prevención, que “serán elegidos por sus propios compañeros por voto directo y secreto”, tendrán fuero sindical y podrán denunciar el trabajo precario y no registrado y podrán participar en las negociaciones paritarias para la discusión de condiciones de trabajo.
De Gennaro presentó la propuesta de nuevo marco regulatorio durante una conferencia organizada por ATE y la CTA Rosario, de la que participó también el secretario de Salud Laboral de la CTA, Jorge Yabkowski.
El diputado y dirigente gremial rechazó las alternativas que maneja el gobierno, sindicatos y cámaras empresarias para reemplazar la ley 24.557. “Nosotros no queremos más versos, ni la creación de mutuas, ni las ART ni las administradoras de los sindicatos, acá está en juego la salud de la gente”, dijo.
“Acá el problema no es hacer un listado y asegurar cuánto vale un brazo o una pierna para discutir si le pagamos más o menos, hay que evitar los accidentes y la muerte, hay que dejar de echarle la culpa a la víctima”, señaló, al tiempo que enfatizó que uno de ls problemas más graves en este aspecto es la sobreexplotación “con jornadas de 10, 14 ó 15 horas”.
Los dirigentes de la CTA y de las organizaciones que participaron en la discusión del proyecto prevén presentarlo en el congreso, una vez que termine la última ronda de debate en distintos puntos del país, en el marco de una importante movilización.
“Las ART facturan 12.70 millones de pesos por año, las principales empresas del sector están entre las 200 más grandes del país”, remarcó De Genaro, quien instó a cambiar de raíz la estructura de prevención y atención de accidentes y enfermedades laborales con un régimen “estatal, que atienda a todos los trabajadores, registrados o no, y que les garanticen atención en cualquier efector y que aseugre la eficacia yla automaticidad de las prestaciones, sin cerrar la vía de la acción civil”.
Fuente: Álvaro Torriglia, diario La Capital de Rosario
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