El 25 de
julio se hizo pública la decisión de las autoridades de la AFSCA de
dejar sin efecto el concurso público llamado en 2011 para la televisión
abierta digital, y de impulsar una nueva convocatoria. Distintos
sectores de la comunicación popular celebraron la medida.
Hace
un año la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) establecía el pliego de bases y condiciones para la adjudicación
de licencias de televisión digital terrestre. Ayer tuvo que dar marcha
atrás por lo restrictivos de sus términos para los medios llamados
“alternativos”.
Los pliegos de condiciones para las organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecían, entre otras cuestiones, un valor de 70 mil a 140 mil pesos y, en el caso de los medios con fines de lucro, de entre 100 mil y 200 mil para acceder a las licitaciones. Los medios alternativos, comunitarios y populares, que no persiguen un interés comercial sino social y no buscan ganancias, afirmaron en su momento que no se ajustaba “en lo absoluto a las posibilidades de los medios alternativos que sostienen producción constante mayormente con trabajo voluntario".
A través de las resoluciones 929/12 y 930/12 se suspendió el llamado a concurso para la adjudicación de licencias y se estableció un plazo “no mayor a 30 días”, según se informó desde el AFSCA. Dentro de los próximos 120 días se aprobará el cronograma, con los días y los horarios para la apertura de los actos públicos.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) celebró la modificación de las condiciones de llamados a concurso para licencias de Televisión Abierta, tal como había sido reclamado en su momento por varias organizaciones que participaron activamente en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señalando que una de las principales cuestiones por las cuales se revisó la medida es la posibilidad de incluir a más licenciatarios del sector no comercial, acorde al proceso de adecuación y desconcentración comunicacional en curso.
En su momento, la Coalición por una Radiodifusión Democrática -de la cual FARCO y la CTA forman parte activa- ya había sostenido que: “Los pliegos para los concursos de servicios regulados por la Ley, vigentes y futuros, no deben contener exigencias administrativas, técnicas o económicas que signifiquen umbrales que excluyan a organizaciones populares o a pequeñas y micro empresas locales”. Por esta razón, FARCO festejó la simplificación de condiciones para que las entidades no comerciales puedan acceder más fácilmente a gestionar sus propios canales de TV, permitiendo mayor pluralidad y diversidad comunicacional: "comprometemos nuestro esfuerzo para que se avance en la total aplicación de la Ley por la que tanto trabajamos y esperamos se encuentren las formas de facilitar la sostenibilidad de los medios surgidos de los sectores populares que expresan las voces de los hasta ahora silenciados por los medios concentrados", señalaron desde la entidad.
En tanto Martín Becerra, licenciado y docente de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes, analizó: “que tardaron un año en darse cuenta de algo tan sencillo como que los pliegos tenían un precio prohibitivo a mi me parece que es llamativo. Revela por parte del Gobierno una improvisación en esta cuestión muy grande que hasta ahora no ha estado a la altura de los desafíos, de las exigencias, de las expectativas que había desatado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es una oportunidad para que verdaderamente cambie esa orientación y comience a cumplir la ley que el propio Gobierno promovió”.
Becerra hizo hincapié en que al momento de lanzar la convocatoria el año pasado no existía un plan técnico y aclaró que el mismo “es un mapa de licencias con un mapa de la Argentina. Es decir que en cada provincia y en cada localidad de nuestro país tenemos que saber cuántas licencias de radio y cuántas de televisión analógica y digital van a haber”. Remarcó que lo importante de la existencia del plan técnico es que “eso presenta un nivel de certeza, de planificación, que es fundamental conocer para evaluar si el llamado a concurso es un llamado interesante, pertinente, fundamentado o no lo es”.
A su vez, también mencionó la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad de los medios populares para poder pensar una política efectiva y potenciadora de nuevas formas de comunicación, por ejemplo entre aquellos que se encuentran en la cordillera y que surgen de las luchas contra la minería contaminante y los que se encuentran en las grandes ciudades, en términos de la distribución del espacio radioeléctrico.
En el mismo sentido, y luego la reunión que se realizó entre televisoras comunitarias y funcionarios del AFSCA, Natalia Vinelli, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del colectivo Barricada TV, analizó que “se sigue midiendo la comunicación con el mismo paradigma neoliberal donde todo tiene que tener rédito ya, en el corto plazo” y agregó que “metafóricamente hay una total incomprensión de lo que es un medio comunitario”.
“En realidad”, concluyó, “tienen absolutamente claro que el modelo de la comunicación que nosotros estamos haciendo y proponiendo tiene que ver con la organización popular, los movimientos sociales y con visibilizar las voces que no están circulando por los medios comerciales y estatales”.
Fuente: www.apn.org.ar
Los pliegos de condiciones para las organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecían, entre otras cuestiones, un valor de 70 mil a 140 mil pesos y, en el caso de los medios con fines de lucro, de entre 100 mil y 200 mil para acceder a las licitaciones. Los medios alternativos, comunitarios y populares, que no persiguen un interés comercial sino social y no buscan ganancias, afirmaron en su momento que no se ajustaba “en lo absoluto a las posibilidades de los medios alternativos que sostienen producción constante mayormente con trabajo voluntario".
A través de las resoluciones 929/12 y 930/12 se suspendió el llamado a concurso para la adjudicación de licencias y se estableció un plazo “no mayor a 30 días”, según se informó desde el AFSCA. Dentro de los próximos 120 días se aprobará el cronograma, con los días y los horarios para la apertura de los actos públicos.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) celebró la modificación de las condiciones de llamados a concurso para licencias de Televisión Abierta, tal como había sido reclamado en su momento por varias organizaciones que participaron activamente en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señalando que una de las principales cuestiones por las cuales se revisó la medida es la posibilidad de incluir a más licenciatarios del sector no comercial, acorde al proceso de adecuación y desconcentración comunicacional en curso.
En su momento, la Coalición por una Radiodifusión Democrática -de la cual FARCO y la CTA forman parte activa- ya había sostenido que: “Los pliegos para los concursos de servicios regulados por la Ley, vigentes y futuros, no deben contener exigencias administrativas, técnicas o económicas que signifiquen umbrales que excluyan a organizaciones populares o a pequeñas y micro empresas locales”. Por esta razón, FARCO festejó la simplificación de condiciones para que las entidades no comerciales puedan acceder más fácilmente a gestionar sus propios canales de TV, permitiendo mayor pluralidad y diversidad comunicacional: "comprometemos nuestro esfuerzo para que se avance en la total aplicación de la Ley por la que tanto trabajamos y esperamos se encuentren las formas de facilitar la sostenibilidad de los medios surgidos de los sectores populares que expresan las voces de los hasta ahora silenciados por los medios concentrados", señalaron desde la entidad.
En tanto Martín Becerra, licenciado y docente de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes, analizó: “que tardaron un año en darse cuenta de algo tan sencillo como que los pliegos tenían un precio prohibitivo a mi me parece que es llamativo. Revela por parte del Gobierno una improvisación en esta cuestión muy grande que hasta ahora no ha estado a la altura de los desafíos, de las exigencias, de las expectativas que había desatado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es una oportunidad para que verdaderamente cambie esa orientación y comience a cumplir la ley que el propio Gobierno promovió”.
Becerra hizo hincapié en que al momento de lanzar la convocatoria el año pasado no existía un plan técnico y aclaró que el mismo “es un mapa de licencias con un mapa de la Argentina. Es decir que en cada provincia y en cada localidad de nuestro país tenemos que saber cuántas licencias de radio y cuántas de televisión analógica y digital van a haber”. Remarcó que lo importante de la existencia del plan técnico es que “eso presenta un nivel de certeza, de planificación, que es fundamental conocer para evaluar si el llamado a concurso es un llamado interesante, pertinente, fundamentado o no lo es”.
A su vez, también mencionó la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad de los medios populares para poder pensar una política efectiva y potenciadora de nuevas formas de comunicación, por ejemplo entre aquellos que se encuentran en la cordillera y que surgen de las luchas contra la minería contaminante y los que se encuentran en las grandes ciudades, en términos de la distribución del espacio radioeléctrico.
En el mismo sentido, y luego la reunión que se realizó entre televisoras comunitarias y funcionarios del AFSCA, Natalia Vinelli, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del colectivo Barricada TV, analizó que “se sigue midiendo la comunicación con el mismo paradigma neoliberal donde todo tiene que tener rédito ya, en el corto plazo” y agregó que “metafóricamente hay una total incomprensión de lo que es un medio comunitario”.
“En realidad”, concluyó, “tienen absolutamente claro que el modelo de la comunicación que nosotros estamos haciendo y proponiendo tiene que ver con la organización popular, los movimientos sociales y con visibilizar las voces que no están circulando por los medios comerciales y estatales”.
Fuente: www.apn.org.ar
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