El dirigente del Copinh de Honduras visitó la CTA Zuñiga: “La resistencia tiene que ser regional”

En la tarde de ayer, dirigentes de la Mesa Nacional de la CTA recibieron en la sede nacional de la Central a Salvador Zuñiga, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y miembro de la resistencia hondureña, quien agradeció el apoyo de la CTA a la lucha contra el Golpe y alertó que el 31% del territorio de su país está concesionado a transnacionales mineras.

Antes de que Salvador tomara la palabra para detallar la situación actual de Honduras, Fernando Cardozo, de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA Capital Federal, recordó que el 28 de junio pasado se cumplieron 3 años del feroz golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras.
Ante la presencia de Hugo Blasco (secretario de Derechos Humanos de la Central), Darío Perillo (secretario de Organización), Julio Ortellado (director de Organización), Elia Espen (vocal de la Mesa Nacional y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Verónica Huilipan (secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios) y Alejandro Garzón (secretario general de la CTA Santa Cruz y secretario Gremial de ATE Nacional), Salvador Zuñiga agradeció el interés de la Central por conocer lo que está pasando en Honduras.
El dirigente hondureño comenzó su explicación diciendo que una de las principales razones del golpe de Estado fue que su país había ingresado al ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América), decisión tomada por Zelaya y respaldada fuertemente por los movimientos sociales de Honduras.
“El presidente Zelaya tenía un importante protagonismo: planteó un modelo de desarrollo para crear un Estado nacional y poder salir del enclave”, explicó Zuñiga quien además repasó la historia colonial de su país: “Durante el siglo XIX fue un enclave minero, en el XX fue un enclave bananero con la Fruit Company y luego del golpe es un país semicolonial con un enclave minero y militar”.
Desde el golpe de Estado, las violaciones a los Derechos Humanos son constantes en Honduras: “más de 200 compañeras y compañeros han sido asesinados con participación directa de la Policía y del Ejército”, dijo Zuñiga poniendo al desnudo la atrocidad que se ha vuelto cotidiana. El integrante del Copinh agregó además que el 31% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras transnacionales y que los ríos también han sido concesionados para la generación de energía eléctrica. Zuñiga añadió que el experimento hondureño sigue en Paraguay y que Costa Rica está hoy absolutamente militarizada, así como El Salvador.
“La criminalización de la protesta social va acompañada de la militarización”, explicó Salvador quien agregó que el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) de Colombia interviene los teléfonos, el uso de Internet y hasta las cuentas bancarias de los movimientos sociales y políticos de la resistencia. “También está el Mossad que asesora a los integrantes de los ejércitos privados de las empresas”, aseguró el dirigente hondureño demostrando la injerencia imperialista no sólo de los gobiernos del continente títeres de Estados Unidos sino también de Israel.
En ese contexto, el tema de las comunidades originarias y sus derechos está absolutamente invisibilizado. En palabras de Salvador: “el multilingüismo, la autonomía, lo indígena es considerado terrorista”. Además el 15% de la población hondureña es indígena y está asentada en los territorios más apetecidos por la voracidad imperialista.
Zuñiga enmarcó la situación hondureña en el cuadro global de la crisis capitalista en la que los países imperialistas vienen por todo; por esta razón llamó a mantener la memoria, a informarse y a resistir regionalmente: “la resistencia tiene que ser regional, no sólo de Centro América, sino de todo el continente”.
Además de los miembros de la Mesa Nacional ya mencionados, participaron del encuentro Maité Llanos y Bruno Dobrusin, asesores de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, Mariano Sánchez Toranzo, de la CTA Capital y Adrián Ruiz, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central.