Criminalización de la protesta Absolvieron a los cuatro trabajadores del Hospital Garrahan

El juicio era llevado adelante cuando la inspectora del Ministerio de Trabajo que denunció supuesta “coacción agravada” en su contra durante la huelga de 2005 quien reconoció que la viceministra del área, Noemí Rial, fue quien le “ordenó hacer esa denuncia en contra de los trabajadores”.

El pasado 8 de abril comenzó el juicio oral a los integrantes de la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Garrahan por aquella huelga de 2005. A fuerza presión oficial para juzgarlos, llevaron a proceso a Gustavo Lerer (bioquímico, delegado general ATE Garrahan), Adriana Agüero (enfermera), Eduardo Luis García (enfermero) y Marcelo Mansilla (técnico de laboratorio). El Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 de Capital es el que está reeditando aquella historia. El ministro de por esos años era Salud Ginés González García.
Mansilla estaba acusado de sacarles fotos a los inspectores, lo que no es un delito. A Eduardo García le incriminan haber “pechado” a la inspectora Moyano, “cosa que nunca ocurrió”. Y a Gustavo Lerer y Adriana Acuña los imputan por acudir a la puerta dela Dirección, tras la actuación de los inspectores, a cantar el repertorio musical habitual por esas fechas. La inspectora Moyano hizo la denuncia por una “coacción agravada” que nunca existió.
El por entonces formuló que se trataba de un “grupo salvaje de delincuentes sanitarios que hacen terrorismo tomando como rehenes a los chicos”.

Judicialización de la protesta

A 8 años del conflicto gremial, el fiscal que interviene en el proceso, Horacio Fornaciari, fue quien pidió la absolución de los trabajadores por tratarse de “criminalización de la protesta social” y hizo responsable a Noemi Rial y a todo el cuerpo administrativo que hizo posible que esta causa “sea armada y con una clara intencionalidad política”.
José Luis Matassa, Secretario General de ATE Capital, planteó varias características de este juicio. “En primer lugar desde el Consejo Directivo recalcamos que, más allá del excelente cuerpo de abogados de nuestra organización, no hubiera sido posible si no se salía a la calle”.
“Con la sola racionalidad del fiscal, este resultado, no hubiera sido posible. Esto es parte de la criminalización de la protesta social y la Ley antiterrorista que desde el Gobierno Nacional se quiere imponer ante los derechos de los trabajadores”, continuó Matassa.
“Este fallo es un ejemplo para las organizaciones sociales, sindicales y políticas para ir por la derogación de esa ley perversa en tiempos de democracia”, culminó el dirigente.
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