La
Secretaría de Discapacidad de CTA, Regional Córdoba, repudia lo ocurrido
en la Colonia La Alborada, Bell Ville, porque esta situación pone de
manifiesto, una vez más, cómo se vulneran los derechos humanos de las
personas que allí viven.
"Por
los informes publicados en reiteradas oportunidades en la prensa
escrita, pareciera que la realidad de quienes viven en La Alborada -como
en otros psiquiátricos de la provincia- es, aunque pegue fuerte, un
depósito de seres humanos, persoans con derechos, olvidados y dejados a
la deriva por un sistema inhumano, incapaz de “hacerse cargo” de las
diversas situaciones existentes (escasez de recursos materiales y
humanos, pésimas condiciones edilicias,…). En el mientras tanto, los
dineros públicos se despilfarran en publicidad, pautas oficiales, etc., y
no se distribuye en programas de salud mental de los hospitales
provinciales, dependientes del Ministerio de Salud de Córdoba.
Pareciera que el gobierno de la provincia, luego de sus catorce años de gestión, “reacciona” ante la denuncia explicitada en la prensa escrita y lo hace tomando decisiones improvisadas, de manera intempestiva, sin preparar ni a los pacientes, ni a sus familias, ni al nuevo personal que nombran. Como una “gran” medida de la política de estado, se producen traslados de algunos pacientes a otros centros hospitalarios en los que, también, persisten problemas edificios, escasez de medicamentos, transporte (ambulancia, trafics,…) en mal estado, entre otros. ¿Esa es la solución a una problemática compleja como es la de la salud mental? ¿Será ésta la política pública de un estado que intenta, sistemáticamente, “correrse” de su lugar de hacedor y contralor de los bienes comunes, de todos/as y para todos/as?
Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA, provincia de Córdoba, sostenemos que es hora que se discuta en profundidad y seriedad la política de Salud Mental, con la participación real de todos los que queremos que no se sigan vulnerando los Derechos Humanos", concluye la declaración que lleva las firmas de Lilia Zulma Patiño, secretaria de Discapacidad de la CTA de la Provincia de Córdoba y María Dolores Bertarelli de la Mesa de la CTA Córdoba Capital.
Pareciera que el gobierno de la provincia, luego de sus catorce años de gestión, “reacciona” ante la denuncia explicitada en la prensa escrita y lo hace tomando decisiones improvisadas, de manera intempestiva, sin preparar ni a los pacientes, ni a sus familias, ni al nuevo personal que nombran. Como una “gran” medida de la política de estado, se producen traslados de algunos pacientes a otros centros hospitalarios en los que, también, persisten problemas edificios, escasez de medicamentos, transporte (ambulancia, trafics,…) en mal estado, entre otros. ¿Esa es la solución a una problemática compleja como es la de la salud mental? ¿Será ésta la política pública de un estado que intenta, sistemáticamente, “correrse” de su lugar de hacedor y contralor de los bienes comunes, de todos/as y para todos/as?
Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA, provincia de Córdoba, sostenemos que es hora que se discuta en profundidad y seriedad la política de Salud Mental, con la participación real de todos los que queremos que no se sigan vulnerando los Derechos Humanos", concluye la declaración que lleva las firmas de Lilia Zulma Patiño, secretaria de Discapacidad de la CTA de la Provincia de Córdoba y María Dolores Bertarelli de la Mesa de la CTA Córdoba Capital.
* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba
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