Aníbal Lecter

Es interesante el planteo que realiza el senador Aníbal Fernández cuando adelanta que presentará un proyecto de ley para sancionar a los consumidores de prostitución derivada de la trata. Esto lo realizó en una entrevista radial con Victor Hugo Morales, en la que refierió que “si no podemos convencerlos con lo honorable, con lo moral, los deberemos convencer con un ejercicio de la política penal”.

* Secretario de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas de la CTA Córdoba Capital

Poniendo así en el eje del debate los aspectos morales de la problemática y desviando la atención de aquellos elementos que son realmente importantes para terminar con la trata de personas.
Surgen preguntas acerca de cómo se aplicaría esta ley y por supuesto la respuesta no se hará esperar: “eso se ve en la reglamentación”. Me imagino responderá eso, sino deberá dar explicaciones acerca de como la ley detectará los lugares donde existe prostitución por trata y controlar a quienes ingresan para aplicar una sanción de multa o tal vez de prisión.
Pero claro, si el Estado tiene semejante poder para seguir a miles de clientes y confirmar su participación como consumidor final en un burdel o wiskería de ruta, me imagino que tendría aún más facilidad para detectar a los tratantes de personas (humanas/os) que son bastante menos que miles y que acaso están próximos a los despachos del poder y a las comisarías provinciales o federales.
Por citar un caso: se supo de la joven Qom que estuvo cautiva y fue asesinada en la provincia de Buenos Aires, a la que representa Fernández en el Senado, donde las sospechas caen sobre la propia policía bonaerense que no sólo desoía las denuncias realizadas por la madre de la víctima, sino que además aparentemente participaba del negocio. Por cierto este caso se tramitará a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o sea que el Estado aborda el procedimiento en función del origen de la víctima y no del delito cometido.
También salió a la luz el caso en el que suboficiales de la Policía Federal mantuvieron durante años cautivas a dos hermanas menores de edad para violarlas, cuando todavía tenía a cargo dicha fuerza el actual senador.
Pero entonces resuena la pregunta ¿a quién representa Aníbal Fernández en el Senado? A las mujeres que desarrollan la actividad del trabajo sexual, no. Porque ni siquiera han sido consultadas por el senador acerca de qué medidas pueden ser efectivas o qué normas favorecen la inclusión y el reconocimiento de estas mujeres que trabajan brindando servicios sexuales.
Tampoco parece representar a aquellas mujeres y hombres (sí, y hombres) que son víctimas de la trata, en primera instancia y luego víctimas del Estado cuando son devueltas/os al mismo contexto perverso de convivencia con el hampa tratante.

Medidas a medida

Hace algunos días los vecinos de un barrio de la ciudad de Córdoba se manifestaron en contra de la instalación de un hogar de víctimas de trata en la zona. Las razones eran claras, se puede estar de acuerdo o no, pero la crudeza del planteo cristaliza el punto donde estamos parados como sociedad respecto de este tema: “La ubicación de este hogar traerá la mafia del entorno de la trata a las calles de nuestro barrio y a la vereda del colegio de nuestros niños".
Lo que nos están diciendo es que no confían en que se combata la trata y no se observa capacidad o voluntad de terminar con este flagelo, sino más bien que se lo acercan a sus casas. Por otro lado, por supuesto, se puede ver la estigmatización para con estas personas víctimas del negocio millonario, rememorando de algún modo el “algo habrán hecho” y se puede también percibir otro corte de lazos sociales solidarios entre argentinos que sigue avanzando hacia el sálvese quien pueda, en mi barrio no, en mi cuadra no, a mi hijo no.
Son varias las medidas que se han tomado desde los despachos de gobierno y que lejos de favorecer a algún sector social vulnerable o en desventaja de poder entre los implicados en el tema, se encargan de esmerilar el cristal necesario para ver dentro, para entender de qué hablamos y por supuesto para saber a qué tememos.
Así se dispuso la prohibición, mediante decreto presidencial, de la publicidad de oferta sexual. Medida que atentó contra una de las posibilidades de difusión del trabajo sexual autónomo sin intermediarios. A su vez dio por tierra con la posibilidad de tener una guía de lugares a inspeccionar en busca de víctimas de la trata.
Otra normativa adoptada en este sentido, fue la promulgación de la denominada “Ley de Trata” en Córdoba que, entre otras cosas, sanciona como contravención la promoción de la oferta sexual en locales de cualquier tipo. Este dispositivo legal, que modifica el Código de Faltas, es utilizado para reprimir a las/os trabajadoras/es sexuales.
Esto se complementa con la negativa a otorgar la personería jurídica a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-CTA) por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con argumentos retrógrados y con intenciones claras de poner piedras en el camino de la organización de los de abajo.
Y por último, este proyecto de sancionar clientes, por parte del senador oficialista. Todas son medidas que poco abonan a la tarea de defensa de los derechos de las trabajadoras/es sexuales, a la búsqueda y rescate de las mujeres y hombres víctimas de trata, y a las garantías que deben tener quienes actúan denunciando casos concretos o situaciones que lo ameritan.
Son más bien decisiones que restablecen y conservan los poderes existentes en el circuito de este negocio millonario del que participan actores más relevantes e identificables que los clientes de ocasión y que puede obligar a éstos a ser cómplices de los poderosos tratantes por miedo al peso de la ley.

Organizarse

La realidad demuestra que las organizaciones avanzan en plantear el debate necesario para abordar semejante problemática social.
Es preciso, una vez más, distinguir y aclarar que la trata de personas no es lo mismo que el trabajo sexual, como bien lo plantea AMMAR y como viene impulsando la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual integrada por distintas organizaciones, instituciones, académicos, militantes y otros adherentes a la creación de una Ley de Trabajo Sexual en Argentina.
Que en los dos casos encontramos víctimas: en la trata es claro que muchas personas padecen de privaciones y abusos intolerables; mientras en el trabajo sexual las víctimas lo son del abuso policial y del aparato todo del Estado.
No reconocer los derechos de las/os trabajadoras/res es condenarlas/os a la marginalidad legal y es una forma de permitir el abuso por parte de aquellos que sí cometen delitos como son los proxenetas y demás socios de la explotación de otras/os.