Proyecto emancipador

El último día de enero de 1813 se reunió La Asamblea Constituyente. Si bien no va a poder declarar la Independencia de España, por vez primera va a asumir la soberanía nacional en nombre del pueblo, y no del rey Fernando VII.

* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA

La Asamblea del año XIII, tuvo carácter nacional porque sus diputados representaban a todas las provincias. Y la denominación de Constituyente se justificó porque, a pesar de no haber dictado una Constitución, su labor social, política, económica y jurídica, equivalen a la promulgación de un texto constitucional.
Entre las medidas adoptadas en lo político-social figuran la “libertad de vientres”, por la cual los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero de 1813 eran considerados libres; abolió la esclavitud declarándose libres a todos los esclavos por el solo hecho de pisar nuestro territorio; abolió la mita, la encomienda, el yanaconazgo y todo servicio personal de explotación de los indios; abolió los títulos de nobleza y los mayorazgos, etcétera. Respecto a nuestros símbolos nacionales, creó el Escudo Nacional, aprobó el Himno, declaró fiesta cívica al 25 de Mayo y creó un sello para la Asamblea y para el Poder Ejecutivo entre otras resoluciones.
La Asamblea del año XIII será el antecedente inmediato del Congreso que deliberará tres años más tarde en Tucumán para declarar nuestra Independencia de España y de cualquier otra potencia extranjera. Una definición taxativa que establece la exacta diferencia que existe entre un patriota y un cipayo.
El nombre de cipayo proviene del persa sipahi. Posteriormente, en el Imperio Británico, se conocía como cipayo a un nativo de la India reclutado como soldado al servicio del poder europeo, normalmente del Reino Unido, pero también fue extendido su uso a los ejércitos coloniales de Francia y Portugal. En la Argentina, el inolvidable Arturo Jauretche lo impuso en la terminología política para referirse a elites dominantes o ciudadanos funcionales a potencias colonialistas.
La democracia colonial sobrelleva una profunda crisis de representación política. Se expresa con el pueblo en la calle, las plazas y las rutas para hacer oír su voz, mientras los gobernantes, la Justicia y las fuerzas de seguridad actúan como gerentes de las corporaciones transnacionales que devastan nuestros bienes naturales, violan los derechos de ciudadanía y criminalizan la protesta social.
Las políticas neocoloniales generan el rechazo generalizado del pueblo y encienden la mecha del conflicto. Por ello, el poder activa las señales de alarma frente a la reacción popular y busca por todos los medios perforar cualquier intento de articulación del campo popular. Cuando no lo consigue a través de la cooptación o la fractura, reprime sin eufemismos. Más aún, ha dado licencia para matar. El asesinato de 22 luchadores populares en los últimos tres años así lo testimonia.
Los que mandan son conscientes que, a diferencia de una década atrás, el movimiento popular tiene mucha más organización y representación a nivel territorial a lo largo y ancho de nuestro país.
La clase trabajadora no está dispuesta a ceder ninguna conquista obtenida en los últimos años en nombre de la “prudencia” y la “racionalidad” que claman a coro las patronales y el Gobierno, mientras no se altera ni un ápice un modelo injusto y violento que no ha sido capaz de resolver los problemas básicos de la mayoría de la población.
Es tiempo de pensar y construir colectivamente otro paradigma, que en lugar de asentarse en la codicia y la explotación del hombre por el hombre, represente el emergente de un nuevo Proyecto de Emancipación.
La CTA ha decidido impulsar una Consulta Popular en defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes. Esta iniciativa política implica la convocatoria al más amplio espectro de organizaciones sociales, medioambientales, estudiantiles, sindicales, políticas, territoriales, de pueblos originarios y culturales para afrontar el desafío de plantar un mojón de democracia participativa en un tema tan sensible y caro a nuestro pueblo como es la defensa del agua, la tierra, los hidrocarburos, los bosques, el aire que respiramos envenenado por los procesos de megaminería a cielo abierto, el fracking, los agrotóxicos, la deforestación, la soja transgénica, etcétera.
La propuesta de que se le consulte al pueblo sobre este conjunto de temas que hacen al futuro de nuestra sociedad, demandará durante el 2013 una acción planificada orientada a la difusión, organización y recolección de firmas para concretar una Consulta Popular en Defensa de nuestros Bienes Comunes que hoy son saqueados por las multinacionales con el visto bueno del Gobierno.
Así como en la etapa de defensiva estratégica desde la CTA y junto a otras organizaciones populares supimos construir y llevar adelante la propuesta de shock redistributivo con el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO), en esta etapa de avance popular, es menester avanzar en una idea-fuerza que ponga en la agenda de debate un tema que es sistemáticamente ignorado tanto por la prensa hegemónica como por la adicta al Gobierno.
Evo Morales afirma en su Manifiesto de la Isla del Sol a propósito de la Soberanía sobre los Recursos Naturales que es "la condición para la liberación de la dominación colonial y neoliberal y para el desarrollo integral de los pueblos". El documento indica que "en la mayoría de los países esta riqueza ha sido saqueada y apropiada por manos privadas y potencias transnacionales que se enriquecen a costa de los pueblos".
El proceso de convocar a una Consulta Popular en defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes en el Bicentenario de la Asamblea del Año XIII, apunta a interpelar este modelo productivo basado en el extractivismo dependiente, y a darle carnadura y dimensión nacional a la convocatoria hacia una Constituyente Social para reeditar una nueva experiencia de poder popular en nuestro país.