En la sede
de Tribunal Federal Oral 2, dio comienzo esta mañana el juicio por la explosión
ocurrida el 5 de diciembre de 2009, tras el derrame de hexano que produjo la
muerte de seis personas y las quemaduras y lesiones de otras siete. Todos trabajaban en esa casa de altos estudios.
Se leyó la acusación declararon un imputado y un testigo.
Por Katy García - Prensared
“Es muy
importante para los trabajadores en general y para los universitarios en particular, que esta
casusa llegue a juicio. Fue una decisión
de la comisión directiva del gremio que finalmente quedó como único
querellante. Es trascendente que habiendo ocurrido un accidente por falta de
seguridad laboral podamos llegar a esta instancia y que quede expuesto cómo se trabaja
en las universidades nacionales”, manifestó la actual secretaria general de la
Asociación Gremial de Docentes, Cecilia Saroff
El fiscal
Maximiliano Hairabedián evaluó que se trata de un delito culposo que podría
haberse evitado. “Sucedió por imprudencia, negligencia irregularidades y omisiones que pudieron
preverse. Si hubiera sido un accidente, no estaríamos hablando de un delito. En
este caso hubo personas que tenían obligaciones sobre la seguridad del lugar y
que no cumplieron con sus deberes y por eso ocurrió”, afirmó.
Consultado
por este medio sobre cuál es la situación de la empresa asociada a la Fundación
de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), De Smet, S.A. respondió que
durante la etapa de instrucción
“fueron imputados y luego sobreseídos.
Personalmente no comparto esa posición, como el caso de la persona que trabajó
para la empresa, estaba participando de la prueba piloto y quedó afuera por
prescripción”, señaló.
Y en
referencia a la Aceitera General Deheza afirmó que no apareció responsabilidad
penal, si bien intervino en la cadena de
comercialización del solvente que es utilizado en la industria alimenticia de
manera habitual.
Uno de los
presentes, Jorge Adaro, docente la facultad de Ingeniería, opinó que después de
haber vivido este esta dolorosa experiencia fundamentalmente observó cambios en
la conciencia del colectivo docente. “Lo
que ha cambiado es la actitud nuestra, los que hemos vivido de cerca este hecho
y nos ha impactado y dolido la muerte de nuestros compañeros. Lamentablemente,
la universidad no estuvo a la altura de las
circunstancias”, analizó.
Para Eugenio
Biafore, abogado de la querella “se
trata de una etapa fundamental donde la defensa va más allá de lo procesal y
tiene que ver también con un cierre como comunidad y como gremio. No se trata
solo de la responsabilidad penal sino de la toma de medidas que son
obligatorias, que deben llevarse adelante y consensuarse entre trabajadores y
empleadores. Me refiero al conjunto de conocimiento técnico, de la experiencia
y del manejo propio de la ley”.
El letrado
dijo que la importancia de este proceso
radica en el carácter de ser un precedente en sí misma porque “en toda la
República Argentina donde la normativa incumplida es estrictamente la de
higiene y seguridad se aborda desde este
lugar. En ese sentido nosotros hemos aportado pruebas periciales sobre cómo se
trabajaba en la planta piloto”, destacó.
El tribunal presidido
por Fabián Asís y conformado por los jueces Vicente Muscará y Carlos Lascano,
le dio la palabra a uno de los imputados y declaró el primer testigo. El fiscal de la causa es Maximiliano
Hairabedián que subroga al fiscal Carlos Gonella que se encuentra cumpliendo
otras funciones en la Procuración General de la Nación.
Hoy declaró
el procesado, Agustín Bortis, ex vice decano de la Facultad de Ingeniería y a
la vez presidente de la Fundación de la UNRC que llevó adelante el proyecto de
investigación junto al Grupo Gisdpo y la multinacional belga De Smet.
Borgis
deslindó toda responsabilidad en lo ocurrido y entre líneas responsabilizó de
lo sucedido al jefe de la investigación Miguel Angel Mattea, fallecido al otro
día como consecuencia del siniestro. El testigo Norberto Gabriel Campetelli,
ingeniero mecánico electricista, dejó en claro que las condiciones del
establecimiento no respondían alos más elementales estándares permitidos.
“Quiero negar
enfáticamente los hechos que se me imputan y de cualquier acusación de la
tragedia que nos enlutó a todos”, comenzó
diciendo el ex funcionario Bortis. Negó que se hayan celebrado convenios marco de
control y describió su participación como ajena a lo sucedido siendo que era
presidente de la Fundación y vicedecano. Además dictaba clases en un aula
aledaña al local donde funcionaba la Planta Piloto. El fiscal Hairabedián lo
puso en jaque cuando indagó sobre los beneficios que podrían haber significado
los términos del acuerdo, la envergadura de la firma asociada y una cláusula del protocolo del
convenio cuando expresa que “la fundación a través de la unidad ejecutora Grupo
de Investigaciones a pedido del solicitante realizara experiencias…”. En este
momento hubo un cruce de miradas de desconcierto con su abogado José Buteler.
Todo mal en la planta
Campetelli tuvo
el lamentable privilegio de ser un observador agudo el día anterior al estrago.
Mediante un relato minucioso dejó entrever un conjunto de irregularidades que
van desde la descripción de la puerta de ingreso “agureado”, las goteras en el techo, a la presencia de los toneles de hexano junto
a elementos facilitadores de la combustión.
Días previos a la explosión, mediante una llamada
telefónica, la ingeniera Reartes lo había contactado para solicitarle asesoramiento respecto a
instalaciones eléctricas. Acuerdan reunirse en la planta. La consulta se centró
en un “problema de funcionamiento por una sobrecarga”. Tras observar los
tableros contiguos al portón principal que presentaba una serie de perforaciones vió “una serie de tambores
estivados en la parte lateral de la planta” que correspondían según le
comentaron al material de una investigación de extracción de aceites por
solventes.
“Eran varios
tambores - 10 a 12- comunicados a través de una cañería y ahí me entero que la
mezcla entre aceite y solvente se
llamaba micela”, declaró. Se enteró que el hexano era puro y sobre los mismos
leyó algunas etiquetas que advertían sobre los peligros del almacenamiento de
esos líquidos. El testigo expresó ante el Tribunal que “la instalación
eléctrica debía ser ampliada con cañería antiexplosiva” lo cual no se
observaba.
También
destacó que en el establecimiento funcionaban varios grupos de investigación y
que era evidente la falta de una estructura burocrática que la condujera.
Si denunciás, cierran la planta
Durante la conversación
que duró una hora sugirió que consultaran con otro profesional especialista en instalaciones.
Pero lo más sorprendente fue que la propia ingeniera le dijera que “las instalaciones
no eran adecuadas” y que ella representaba
a la universidad ante la Agencia Córdoba Ambiente. Y que si lo denunciaba
cerraban la planta”. Esta información según le confió al testigo se la había
transmitido al Ing Pizini quien le dijo:”no hay que hacer nada”. Claudio Orosz le
pidió al Tribunal que deje constancia de estos dichos.
“No pude conciliar el sueño había
quedado involucrado con lo que me contaron...” prosiguió el testigo que
además ratificó lo declarado en la instrucción acerca de la indignación que le causaron las
declaraciones televisivas del ex vicedecano que trataba de desligarse de los
hechos. “Todavía había fuego y manifestaba que desconocía lo que ahí se
hacía. Yo vi los tambores explotados allí”, enfatizó. Luego contó que a la
salida del velatorio de una de las víctimas el diputado Alberto Cantero le dijo
que Bertis estaba al tanto de la existencia del hexano.
Testimonió
también que tuvo la oportunidad de visitar otras plantas en Hamburgo y Alemania
donde se cumplían todos los recaudos y las medidas de seguridad. “La planta
distaba mucho de ello”, expresó.
El fiscal le
preguntó qué sintió ante esa situación y dijo que no era miedo pero si
preocupación. Y detalló que en el lugar había una estufa y “un autoclave a la
vista, debajo de un pasillo. En ese momento, estaba encendido en el mismo lugar
de los tambores”, explicó.
Y agregó que
las instalaciones deben estar preparadas cuando se trabaja con sustancias
peligrosas porque una fuente de calor
pueda provocar alguna explosión. Y citó el ejemplo de una estación de servicio.
Mañana y
durante toda la semana continuará la etapa testimonial. Se calcula que el
proceso durará un mes. La defensa de los acusados está a cargo de José María
Sagarrera (Sergio Antonelli); José Luis Abrile y José Buteler (Carlos Bortis);
Jorge Alberto Valverde, Edith Ducros, Miriam Palmira, María Ferrari y José Luis
Pincini); Daniel Tartaglia y Mariela Pérez (Liliana Ruetsch).
Y los abogados de la querella son Enrique Fernando
Novo, Claudio Orosz y Eugenio Biafore.
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