María
del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión
Policial e Enstitucional (CORREPI) se refirió en una entrevista con ACTA
a las formas represivas del Estado, el disciplinamiento social y la
Ley Antiterrorista. Pase y lea.
-Actualmente,
¿hacia dónde se dirige y qué formas toma la fuerza represiva del
Estado?, ¿hacia sectores organizados, o también hacia determinadas
franjas o espacios de la sociedad? ¿Pensás que ha habido algún cambio a
partir de la sanción de la Ley Antiterrorista?
Por
un lado, lo que se percibe cuando uno observa el fenómeno de la
represión estatal a partir de diciembre de 1983, es decir a partir del
fin de la dictadura, es una mayor utilización de lo que nosotros en
CORREPI denominamos la represión de carácter preventivo, que es la que
se dirige en forma aparentemente indiscriminada hacia el conjunto de la
población, pero a poco que uno analiza las situaciones se da cuenta de
que tiene un clarísimo criterio de selectividad de clase, porque se
descarga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, en
particular los más pobres y entre ellos los más jóvenes, que además son
la mayoría: la mayoría de los pobres son jóvenes y la mayoría de los
jóvenes son pobres.- María del Carmen Verdú - abogada de la CORREPI
Es un criterio de selección, analógico a la selectividad del sistema penal en su conjunto y del mismo modo tiene un objetivo claro de disciplinamiento, el ejercicio de control social. Por eso lo denominamos preventivo, porque su objetivo es disciplinar preventivamente a quienes objetivamente –incluso sin ser conscientes de ello-, deberían estar interesados en cambiar el estado de cosas. O sea, que representan potencialmente un riesgo para el sistema.
Dos características bien típicas de este tipo de represión preventiva son el alto grado de naturalización que tiene hacia adentro de la clase victimizada que percibe que así son las cosas y no se puede hacer nada –y eso es lo que demuestra que el control social funciona, y la enorme invisibilidad que tiene hacia los que no son sus habituales destinatarios. Porque si la noticia trasciende, el titular del diario va a ser: Joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden.
Las herramientas de este tipo de represión preventiva son la presencia policial o de otras fuerzas de seguridad en los barrios, en las calles, la desaparición de los pibes que no quieren chorear en los barrios, la recurrencia de las racias, todo el sistema de detenciones arbitrarias a través de facultades que otorgan las normas a las fuerzas de seguridad como la averiguación de antecedentes, o los códigos de faltas y contravenciones que permiten ejercer ese disciplinamiento para que desde chiquito el pobre aprenda que tiene que obedecer al que manda.
Entonces, por un lado tenemos esta represión de carácter preventivo, que es un tipo de represión propia de la democracia, por eso también hablamos de una represión de baja intensidad. Porque tanto como las detenciones arbitrarias –una de las herramientas que mencioné antes-, el uso de torturas en comisarías y por supuesto la política de exterminio a través del gatillo fácil, hacen entender a los pibes que eventualmente podrían dar un salto de conciencia, decir “no quiero seguir viviendo más así, quiero organizarme, quiero pelear, mejorar mis condiciones de vida”, que el que les puede poner un tiro en la nuca o en la espalda impunemente, es el que marca cuál es el orden que se debe mantener.
Paralelamente a esta política represiva preventiva hay otra vertiente, que en forma selectiva se abate sobre esos mismos sectores populares cuando ya se han organizado, cuando han tenido cierto grado de organicidad, así sea incipiente. En este caso las herramientas son la represión directa de esas organizaciones cuando salen a la calle, o a partir de mediados de los 90 -cuando hubo un mayor índice de organización de la clase trabajadora y una recomposición de las redes sociales destruidas durante la dictadura, con nuevas formas de resistencia y de lucha-, la criminalización de la protesta con la utilización ya no del aparato represivo de uniforme, sino de los de traje y corbata. Como dijo Aníbal Fernández, “al que saque los pies del plato lo vamos a esperar con el código en la mano”.
Estas son las dos vertientes que vemos, con esto te contesto la primera parte de la pregunta sobre “cómo se reprime”. Represión preventiva al conjunto de la población con el objetivo bien puesto en los sectores que deben se disciplinados y en forma específica cuando éstos se organizan y pelean. Cada una con sus herramientas, que muchas veces se entrecruzan como por ejemplo en una movilización donde se utiliza la averiguación de antecedentes o en los últimos años, cada vez más, el código penal.
-Es la actitud del Estado que exige frente a los sectores que reclaman de manera organizada
Nada
asusta más a la burguesía que los pobres organizados, porque saben
perfectamente que cuando nos contamos y vemos que somos más,
indudablemente tomamos conciencia de nuestra propia fuerza. Entonces no
queda duda de que la necesidad de reprimir cualquier intento de
organización que pueda, de alguna forma, afectar o poner en jaque la
gobernabilidad de un sistema va a ser reprimido.Nosotros sostenemos que la represión es una política de Estado en todas sus vertientes, no algo que sucede porque hay un policía malo que alguien se olvidó de sacar de la fuerza, o que hay otro que por su edad fue funcionario policial durante la dictadura, o un gendarme, o uno del servicio penitenciario que arrastran resabios del pasado. El 75% de los autores de fusilamientos en los casos de gatillo fácil tienen menos de 35 años, así que no habían nacido cuando Camps era el jefe de la Bonaerense.
Desde ese punto de vista, es lógico concluir que la mayor o menor intensidad represiva sobre los sectores organizados de la clase trabajadora va a depender del grado de “peligrosidad” real o potencial que les otorgue quien está ejerciendo el poder. Por eso vemos cotidianamente cómo van modificándose las formas con las que se reprime a los sectores organizados, buscando maneras, por ejemplo, a través de figuras del Código Penal que fueron pensadas y legisladas para otra cosa y que por extensión se empiezan a aplicar a conductas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que quería prevenir un legislador cuando en mil ochocientos y pico o en 1921 dictó el código.
Este es el caso típico del corte de ruta, que tenía otro objetivo que era controlar las medidas preparatorias de los salteadores de caminos y de ninguna manera meter gente presa porque se manifiesta en una ruta nacional, ni porque corte una calle en el centro de la ciudad para que alguien escuche sus reclamos.
-¿Y qué efectos ha tenido la Ley Antiterrorista?
“Las
leyes antiterroristas". Es un error mencionarla en singular porque en
realidad desde 2003 hasta hoy llevamos sancionadas siete en el Congreso
Nacional. Forman parte de un paquete de homogeneización de la política
represiva de los Estados propuesto desde los centros del poder mundial.
Si vos entrás a la página del Fondo Monetario Internacional y buscás en
el índice de links, vas a encontrar que allí está publicado un manual
para que los estados –y en particular los estados latinoamericanos que
tenemos una base jurídica continental y no anglosajona-, puedan adaptar
su legislación represiva a la que ellos proponen para imposibilitar
cualquier avance de ideas peligrosas para el sostenimiento del
capitalismo.A partir de los cambios de paradigma que impusieron a través de los documentos de Santa Fe I y II, de todo el proceso de Cumbre de las Américas, cuando EEUU decide dejar de manejar su parte hemisférica a través de dictaduras militares para apostar a la gobernabilidad democrática con libertad de comercio –por supuesto libertad favorable a ellos-, y con lo que llaman cooperación militar -es decir la subordinación de los aparatos militares y de seguridad de los países latinoamericanos al Pentágono y al Comando Sur-, empiezan a fomentar la sanción de todo este tipo de leyes que con la excusa de combatir al terrorismo –la nueva versión de enemigo interno-, ofrecen más herramientas legislativas para que los jueces puedan reprimir más y mejor.
Si vas a la letra estricta de cualquiera de las leyes antiterroristas sancionadas desde el 2003 hasta hoy te vas a encontrar con que mi mamá protestando en una reunión de consorcio es pasible de que le apliquen una ley antiterrorista por hacer un reclamo en los términos que allí están descriptos como actividad terrorista o subversiva.
Es importante tener en cuenta que en la década del ’90, cuando comenzó el reclamo internacional para la sanción de leyes antiterroristas en los países semicoloniales, hubo varios intentos por parte del gobierno menemista de presentar algunas de estas leyes. Me acuerdo del proyecto más virulento del hoy gran espada kirchnerista Pichetto, en ese momento uno de los voceros principales del menemismo y de otros proyectos, algunos consensuados con la Alianza o con la firma, por ejemplo, de Chacho Álvarez quien entonces todavía era legislador.
Lo que Menem no pudo hacer, pudo hacerlo con creces el kirchnerismo. Con siete leyes antiterroristas sancionadas entre 2003 y 2010. La de diciembre de 2010 es la que tuvo mayor repercusión mediática porque a algún comentarista radial se le ocurrió que también podía ser aplicada a periodistas que dijeran que en la Argentina hay inflación, o que el precio real del dólar es otro. A partir de allí adquirió una visibilidad que no tuvieron las otras leyes.
-¿Qué percepción tenés vos de la opinión de la población? Porque por un lado la gente se siente insegura y podemos encontrarle muchas explicaciones al fenómeno.
En
este tipo de preguntas que es bastante recurrente se desliza esta
colonización del lenguaje que a veces tenemos que no nos hace notar lo
que estamos diciendo. Y cuando uno lo analiza un poquito más en detalle
te das cuenta que no es así como hay que plantear las cuestiones.En primer lugar, ¿qué es la gente? La gente se siente insegura, la sociedad quiere orden… En general cuando uno hace esas afirmaciones, en realidad de lo que está hablando es de la opinión pública no del conjunto de la sociedad que no existe como tal, sino que son dos clases en pugna con intereses histórica y eternamente contrapuestos, sino que se está hablando de la opinión publicada del sector social que interesa. De aquél cuya opinión trasciende y que es la clase poseedora.
También hay que tener en cuenta que buena parte de los mecanismos de dominación se basan en la concreción de lo que es una aspiración de cualquier sector dominante: que el oprimido reproduzca voluntariamente el discurso del opresor. Hacia allí se dirigen esos mecanismos de control social que no se ejercen solamente a través de la represión directa, sino también a través de la formación y cooptación de consenso para reprimir.
Cuando viene alguien y te dice “bueno, pero en Villa Fiorito se movilizó la gente de los barrios para pedir una nueva comisaría y lo acompañaron a Blumberg”, cosa que es un dato de la realidad, a los cinco minutos te juntás con esos vecinos, charlás un rato con ellos, les preguntás a ellos mismos a través de su propia experiencia si saben quién es el que dirige los quioscos que venden droga en el barrio, si saben quién es el que recluta pibes para pasar merca –previo a convertirlos en sus esclavos regalándoles un par de dosis-, si saben quién maneja los antros de reducidores de autopartes, si saben quiénes manejan los secuestros extorsivos y todo lo que sea delito en el barrio, te van a decir que es el servicio de calle, la brigada, la comisaría.
Si vos hacés reflexionar un poquito, naturalmente esa misma persona que es empujada por el programa de televisión de Tinelli, o por las barbaridades que se dicen en Radio 10, en cualquier otro medio o lo que se publica en un diario nacional, a salir a pedir una comisaría porque le robaron una zapatilla de la soga, automáticamente al generar el debate y la discusión terminan reconociendo que tenés razón, que los chorros son ellos.
Acá no podemos tomar como verdad revelada que la “sociedad” o la “gente” reclaman más seguridad. Nosotros sostenemos –y creemos además que lo podemos probar en hechos- que la inseguridad es la policía en la calle. Además de manejar el crimen del chiquitaje en los barrios, si tomamos cualquiera de los grandes delitos que realmente producen sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, -los secuestros extorsivos, el crimen organizado, la trata de personas para la explotación sexual, los piratas del asfalto, los robos comando a los bancos, el narcotráfico y todo el delito a gran escala-, es imposible tomar cualquiera de esos episodios y decir que si uno rasca un poquito la superficie no salta el botón.
Sistemáticamente, cuando se desbarata una de estas grandes bandas, con logística de poder de fuego, capacidad de hacer inteligencia, recursos y demás, te encontrás con que hay policías, hay gendarmes, hay prefectos, hay gente del Ejército, hay servicios penitenciarios, si hasta en algunos casos hay presos sacados de las cárceles para trabajar como si fueran empleados en comisión que después son devueltos a sus celdas. Esto pasó concretamente en Avellaneda, cuando en un allanamiento un par de años atrás, encontraron mil kilos de cocaína camuflados en los pisos de plástico que se habían usado para un recital de Sabina y Serrat en la cancha de Boca y que estaban siendo devueltos a España y en el doble fondo de los carros que llevaban esos pisos se llevaron esta cantidad de droga. El cocinero de la banda, el que certificaba la pureza, preparaba los embarques y hacía todo el procedimiento químico era un preso que debía estar en Coronda y que el Servicio Penitenciario de Santa Fe había llevado y había dejado ahí, tan preso como en la cárcel, para que hiciera su trabajo. A cambio de eso, a la vuelta a Coronda iba a tener más beneficios, como más horas de patio o más visitas de mujer.
* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional
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