La
semana pasada la Secretaría de Discapacidad de la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Córdoba denunciaba la situación de
abandono, abuso y violencia sobre los internados en el neuropsiquátrico
Colonia La Alborada de Bell Ville. Las escandalosas imágenes ponían al
desnudo la “política” del gobierno de De la Sota en materia de Salud
Mental y el total desapego al cumplimiento de la Ley 26657.
* Secretario de Discapacidad de la CTA
Allí se apreciaba el hacinamiento, la suciedad, la inexistencia de moviliario y sanitarios.
Las denuncias de los trabajadores, personal médico y miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), terminaron con la carrera de Director de Salud Mental y del Director del Nosocomio.
Así se deciden traslados que, por intenpestivos, violentan gravemente a los internados generando un problema adicional porque no existe la voluntad política de hacer las inversiones necesarias en infraestructura y personal que garanticen los derechos humanos de esta población.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Macri tiene una política idéntica en la materia aunque hay que sumarle los negocios inmobiliarios y las complicidades. Esta última cuestión demuestra de modo indubitable la inexistencia de límites cuando los negociados del capital se encuentran con obstáculos y resistencias.
En este caso fueron los trabajadores. Trataban de evitar la destrucción (en términos de demolición) de los talleres donde los pacientes del Borda realizaban tareas de rehabilitación y donde se desarrollaba el área de deportes y recreación. Era, además, el único espacio intrahospitalario con fines de reinserción social y laboral. Del taller participan pacientes a los que se les enseñaban oficios de carpintería y herrería.
Y el empresario Macri no dudó: Desató una represión feroz con balas de goma y plomo; palos, gases y patadas sobre los trabajadores (enfermeras, médicos) que defendían la salud pública; sobre los propios pacientes, periodistas y legisladores. Había que demoler.
No se puede soslayar que en la destrucción del hospital público Macri contó con los votos en la legislatura del Frente para la Victoria (FpV). La represión brutal la ejerció la Metropolitana para beneficio del los negocios del Gobierno Nacional y de Macri. Es imperativo para muchos compañeros kirchneristas reflexionar sobre las consecuencias de las “negociaciones” que “exige” la política.
La Secretaría de Discapacidad de la CTA nacional repudia la brutal represión a los trabajadores del Borda, su situación de abandono y demolición, como asimismo la del centro psiquiátrico de Bell Ville.
Exigimos a los gobiernos nacional y provinciales que se aplique efectivamente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que en su Artículo I, Derechos y garantías, establece:
Artículo 1º.- "La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Las denuncias de los trabajadores, personal médico y miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), terminaron con la carrera de Director de Salud Mental y del Director del Nosocomio.
Así se deciden traslados que, por intenpestivos, violentan gravemente a los internados generando un problema adicional porque no existe la voluntad política de hacer las inversiones necesarias en infraestructura y personal que garanticen los derechos humanos de esta población.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Macri tiene una política idéntica en la materia aunque hay que sumarle los negocios inmobiliarios y las complicidades. Esta última cuestión demuestra de modo indubitable la inexistencia de límites cuando los negociados del capital se encuentran con obstáculos y resistencias.
En este caso fueron los trabajadores. Trataban de evitar la destrucción (en términos de demolición) de los talleres donde los pacientes del Borda realizaban tareas de rehabilitación y donde se desarrollaba el área de deportes y recreación. Era, además, el único espacio intrahospitalario con fines de reinserción social y laboral. Del taller participan pacientes a los que se les enseñaban oficios de carpintería y herrería.
Y el empresario Macri no dudó: Desató una represión feroz con balas de goma y plomo; palos, gases y patadas sobre los trabajadores (enfermeras, médicos) que defendían la salud pública; sobre los propios pacientes, periodistas y legisladores. Había que demoler.
No se puede soslayar que en la destrucción del hospital público Macri contó con los votos en la legislatura del Frente para la Victoria (FpV). La represión brutal la ejerció la Metropolitana para beneficio del los negocios del Gobierno Nacional y de Macri. Es imperativo para muchos compañeros kirchneristas reflexionar sobre las consecuencias de las “negociaciones” que “exige” la política.
La Secretaría de Discapacidad de la CTA nacional repudia la brutal represión a los trabajadores del Borda, su situación de abandono y demolición, como asimismo la del centro psiquiátrico de Bell Ville.
Exigimos a los gobiernos nacional y provinciales que se aplique efectivamente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que en su Artículo I, Derechos y garantías, establece:
Artículo 1º.- "La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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