-¿En qué aspecto esta reforma afecta a la situación de los trabajadores y a la libertad sindical?

La
justicia tiene un rol específico, es el órgano de apelación de todas
las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo. Si hasta ahora los
jueces tenían temor de litigar con el Estado, imagínense ahora cuando el
poder político tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura y,
además, puede decidir por mayoría. Es tal la construcción que se ha
hecho sobre la elección de los consejeros que solamente al exigir que
tenga que estar en 18 distritos, implica que solo lo pueden hacer 2
partidos nacionales. Eso necesariamente está pensado para que no haya
control por parte de las minorías. En tal sentido, el poder político
puede juzgar a un juez con más facilidad que la anterior ley. Es
evidente que en el Consejo de la Magistratura hay un avance sobre el
poder judicial y un mayor control en las causas donde el Estado sea
parte.
Respecto a la libertad sindical, va a impedir que se puedan
judicializar las violaciones a la libertad sindical. Eso sumado a las
restricciones que tienen las medidas cautelares, porque un trabajador
despedido para ser reincorporado tiene que esperar 3 años. Y en ese
tiempo las condiciones alimentarias del salario hacen estragos e impiden
que resuelva en libertad. Con el agregado de que los jueces van a ser
temerosos de litigar contra el Estado en función de este pedido
concreto, implica una debilidad y una falta de independencia del Poder
Judicial.
-¿Qué posibilidades tiene esta ley de sobrepasar a la Corte Suprema de Justicia?

Las
posibilidades legales están. Es el control de constitucionalidad que
ejerce la Corte ante cualquier hecho concreto. Es decir, tiene que haber
una demanda, tiene que haber un daño, tiene que ser un caso concreto.
Ante eso la Corte siempre tiene control de constitucionalidad en lo que
se denomina el recurso extraordinario. Por lo tanto, puede llegar a la
Corte, pero ¿Cuándo va a llegar a la corte? no se sabe. En principio lo
que establece la Constitución respecto del Consejo de la Magistratura no
tiene nada que ver con este proyecto de ley, y son muchas las materias
que pueden ser tildadas de inconstitucionales.
-¿Esta reforma está relacionada con los casos de espionaje?

Esta
reforma intenta tener una preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los
demás poderes. Es decir, los casos de espionaje son el reflejo de la
impunidad con que se maneja el poder ejecutivo y los servicios. El único
poder que puede detener esta permanente acción que tiene sobre los
particulares de continuo avance, es el poder judicial, y es por ello que
el poder judicial se debilita ante esta intervención.
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