Más
temprano que tarde terminará la impunidad de la que gozan algunos
empresarios como el caso de Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. La
impunidad no es sólo una cuestión jurídica, es también la consecuencia
de que mantienen el poder estos señores en distintos lugares de nuestro
país.
* Fundador de la CTA. Coordinador Nacional de la Constituyente Social. Diputado Nacional
En la
Marcha del Apagón la presencia popular está demostrando que no sólo no
nos vencieron sino que hay posibilidades de victoria, de que no haya
impunidad y cambiemos este modelo perverso que inventó el hambre, que
mantiene la pobreza, concentra y extranjeriza la riqueza.
La realidad es compleja pero también hay un camino para elegir. Somos como oleadas, los jóvenes de hoy son los hijos del 2001. Yo soy hijo del Cordobazo, del Rosariazo, de la resistencia peronista, que en los ’70 hicieron que me metiera en la actividad sindical y política con la esperanza de la llegada de Perón. Después, la oleada siguiente fue la del 83-84 y con la esperanza democrática vinieron las juventudes políticas. Después pasamos los ’90, vino la traición del peronismo perpetrada por Menem y el sálvense quien pueda hasta que llegó el 2001.
Los pibes de ahora son los hijos del 2001, es la nueva oleada. Por eso a los pibes se los castiga tanto, en vez de cuidar a los pibes quieren que nos cuidemos de los pibes y los jóvenes son el futuro y están peleándole a la vida en circunstancias muy difíciles porque a ellos le ofrecen el paco, el gatillo fácil, la precariedad laboral. Hoy 6 de cada 10 personas que están en las cárceles son menores de 30 años, pero esa juventud está amaneciendo.
Este año la Marcha del Apagón de Ledesma fue conmovedora, en la marcha multitudinaria la inmensa mayoría eran menores de 30 años, quienes quizás tienen problemas de formación pero saben con claridad que Blaquier está de un lado y el pueblo está del otro.
Durante el recorrido se percibía ese aire a esperanza de cambio y que además empiece a haber justicia por los crímenes cometidos por la dictadura en Ledesma y en la provincia de Jujuy. Se está enjuiciando y responsabilizando a los empresarios que financiaron y se beneficiaron con el genocidio de 1976, porque ese fue el motivo principal del golpe militar.
En nuestro país todavía no hay juicios por genocidio, lo que hay son juicios penales y son directos. Hay que admirar a los sobrevivientes porque son los principales responsables por los que esta gente, empresarios y militares, pueden ir presos.
Sobre la realidad del movimiento de los trabajadores hay distintas opciones, hay sindicalistas que no solamente se visten como empresarios y piensan como empresarios, sino que son empresarios. Por ejemplo los que han tenido Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) o Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que es peor porque han lucrado con la enfermedad de los compañeros.
Hay diferentes sindicalismos y el que quiere pelear encuentra el camino. Hoy los jóvenes están empezando a encontrar ese camino. Los que se quieren salvar saben que pueden ir a tratar de ser sindicalistas empresarios, ahora los que quieren pelear tienen a la CTA y a las organizaciones populares que están abiertas y necesitadas de que esto crezca.
Estoy presentando en todo el país un proyecto de Ley para terminar con las ART, que son un negocio financiero que fue instalado por Menem en los ’90. De las 26 empresas que son ART, 3 empresas están dentro de las 200 grandes empresas que hablábamos. Facturan 12.700 millones de pesos, cubren al 51 % de los trabajadores, o sea que hay 8 millones de trabajadores que no están cubiertos y nos dejan más de 7 mil muertes por años, 20 muertes por día.
De las 20 muertes por día, 4 son por accidentes directos y 16 por enfermedades cardiovasculares, tumorales o enfermedades infectocontagiosas que provocan la muerte. Con este proyecto de Ley la salud laboral sería un derecho, no un negocio.
La renta minera, la renta ictícola, la renta sojera, la renta financiera, la renta petrolera son concentradas y extranjerizadas como herencia de ese pasado que inventó el hambre. Los poderosos no se han corrido ni un centímetro, siguen mandando en el actual modelo político económico del país.
He recorrido mucho el país y en cada provincia hay un Blaquier. REPSOL en Neuquén fue dueña de la vida y la muerte durante muchos años. En esa provincia se llevaba 2 veces el Presupuesto; Alto Paraná en Misiones es la empresa emblema de la depredación que se lleva la riqueza dejando contaminación.
Están los Pagani de ARCOR y Aceitera General Deheza de Urquía en Córdoba: son dos enclaves fundamentales y dueñas de ciudades y de ese Estado que los subsidia, los apoya y los apaña. También en Córdoba está Roggio, que se ha expandido a nivel nacional. En San Juan está la minera Barrick Gold, una empresa que se lleva el oro, la plata, el cobre y deja depredación; y así se puede seguir nombrando.
Esto quiere decir que hay 200 grandes empresas que en el 1997 producían el 11,6 % del Producto Bruto Interno (PBI), de ellas 104 eran extranjeras. Pasaron Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner y ahora está Cristina, y resulta que esas 200 grandes empresas producen al 2010 el 19,8 % y pasaron a ser 129 extranjeras. Quiere decir que el núcleo central de la economía de nuestro país se concentra y se extranjeriza.
Hay todavía una parte de la sociedad que todavía elige el mal menor, algunos votan a los que están en el oficialismo porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Dicen para qué vamos a cambiar si el que viene es peor.
Nosotros venimos de ATE, de la CTA, de la lucha social, porque ahí es donde se forman los cuadros con otra sensibilidad y podemos llegar a tener un Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Para nosotros lo más importante es la unidad popular porque más que un partido queremos construir un entero que esté al servicio de la unidad popular.
Lo nuestro es una esperanza en marcha con los 3 millones y medio de votos a nivel nacional que obtuvo el Frente Amplio Progresista en las elecciones generales de 2011. El mensaje que siento es el que recibo en esto de andar por el país y esta vuelta no nos vamos a conformar con decir lo que no queremos sino a decir lo que queremos. Y la prueba es esta Ley de prevención de riesgos laborales que va salir porque tenemos derecho a una vida digna.
Hoy no hay libertad y democracia sindical. Y es consecuencia de lo que planificó la dictadura de 1976. En 1976, el 67 % de los compañeros desaparecidos eran dirigentes sindicales: militantes, activistas y en algunos casos secretarios generales como Jorge Di Pascuale, Atilio Santillán, Atilio López. La dictadura, a diferencia del golpe de 1955, dijo hay que pegar acá, a los delegados y a la organización de los trabajadores.
Por eso fue planificado lo del ’76, y por eso hoy no hay delegados y no hay libertad y democracia sindical. Los grupos empresariales prohíben elegir delegados lo que trae indefensión y la continuidad sigue. El 84,7 % de las empresas privadas no tienen delegados, no eligen delegados, son datos oficiales del Ministerio de Trabajo.
La continuidad se manifiesta en que los dos lugares que no han sido democratizados después de casi 30 años de recuperadas las instituciones democráticas son las fuerzas de seguridad y el lugar donde se genera la riqueza. Esos dos lugares no se tocan y tenemos que democratizarlos.
El propio Ministerio de Trabajo de la Nación del señor Carlos Tomada, tiene entre el 25 y 30% de los trabajadores precarizados, y los inspectores que van a controlar el trabajo en negro son contratados.
La realidad es compleja pero también hay un camino para elegir. Somos como oleadas, los jóvenes de hoy son los hijos del 2001. Yo soy hijo del Cordobazo, del Rosariazo, de la resistencia peronista, que en los ’70 hicieron que me metiera en la actividad sindical y política con la esperanza de la llegada de Perón. Después, la oleada siguiente fue la del 83-84 y con la esperanza democrática vinieron las juventudes políticas. Después pasamos los ’90, vino la traición del peronismo perpetrada por Menem y el sálvense quien pueda hasta que llegó el 2001.
Los pibes de ahora son los hijos del 2001, es la nueva oleada. Por eso a los pibes se los castiga tanto, en vez de cuidar a los pibes quieren que nos cuidemos de los pibes y los jóvenes son el futuro y están peleándole a la vida en circunstancias muy difíciles porque a ellos le ofrecen el paco, el gatillo fácil, la precariedad laboral. Hoy 6 de cada 10 personas que están en las cárceles son menores de 30 años, pero esa juventud está amaneciendo.
Este año la Marcha del Apagón de Ledesma fue conmovedora, en la marcha multitudinaria la inmensa mayoría eran menores de 30 años, quienes quizás tienen problemas de formación pero saben con claridad que Blaquier está de un lado y el pueblo está del otro.
Durante el recorrido se percibía ese aire a esperanza de cambio y que además empiece a haber justicia por los crímenes cometidos por la dictadura en Ledesma y en la provincia de Jujuy. Se está enjuiciando y responsabilizando a los empresarios que financiaron y se beneficiaron con el genocidio de 1976, porque ese fue el motivo principal del golpe militar.
En nuestro país todavía no hay juicios por genocidio, lo que hay son juicios penales y son directos. Hay que admirar a los sobrevivientes porque son los principales responsables por los que esta gente, empresarios y militares, pueden ir presos.
Sobre la realidad del movimiento de los trabajadores hay distintas opciones, hay sindicalistas que no solamente se visten como empresarios y piensan como empresarios, sino que son empresarios. Por ejemplo los que han tenido Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) o Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que es peor porque han lucrado con la enfermedad de los compañeros.
Hay diferentes sindicalismos y el que quiere pelear encuentra el camino. Hoy los jóvenes están empezando a encontrar ese camino. Los que se quieren salvar saben que pueden ir a tratar de ser sindicalistas empresarios, ahora los que quieren pelear tienen a la CTA y a las organizaciones populares que están abiertas y necesitadas de que esto crezca.
Estoy presentando en todo el país un proyecto de Ley para terminar con las ART, que son un negocio financiero que fue instalado por Menem en los ’90. De las 26 empresas que son ART, 3 empresas están dentro de las 200 grandes empresas que hablábamos. Facturan 12.700 millones de pesos, cubren al 51 % de los trabajadores, o sea que hay 8 millones de trabajadores que no están cubiertos y nos dejan más de 7 mil muertes por años, 20 muertes por día.
De las 20 muertes por día, 4 son por accidentes directos y 16 por enfermedades cardiovasculares, tumorales o enfermedades infectocontagiosas que provocan la muerte. Con este proyecto de Ley la salud laboral sería un derecho, no un negocio.
La renta minera, la renta ictícola, la renta sojera, la renta financiera, la renta petrolera son concentradas y extranjerizadas como herencia de ese pasado que inventó el hambre. Los poderosos no se han corrido ni un centímetro, siguen mandando en el actual modelo político económico del país.
He recorrido mucho el país y en cada provincia hay un Blaquier. REPSOL en Neuquén fue dueña de la vida y la muerte durante muchos años. En esa provincia se llevaba 2 veces el Presupuesto; Alto Paraná en Misiones es la empresa emblema de la depredación que se lleva la riqueza dejando contaminación.
Están los Pagani de ARCOR y Aceitera General Deheza de Urquía en Córdoba: son dos enclaves fundamentales y dueñas de ciudades y de ese Estado que los subsidia, los apoya y los apaña. También en Córdoba está Roggio, que se ha expandido a nivel nacional. En San Juan está la minera Barrick Gold, una empresa que se lleva el oro, la plata, el cobre y deja depredación; y así se puede seguir nombrando.
Esto quiere decir que hay 200 grandes empresas que en el 1997 producían el 11,6 % del Producto Bruto Interno (PBI), de ellas 104 eran extranjeras. Pasaron Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner y ahora está Cristina, y resulta que esas 200 grandes empresas producen al 2010 el 19,8 % y pasaron a ser 129 extranjeras. Quiere decir que el núcleo central de la economía de nuestro país se concentra y se extranjeriza.
Hay todavía una parte de la sociedad que todavía elige el mal menor, algunos votan a los que están en el oficialismo porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Dicen para qué vamos a cambiar si el que viene es peor.
Nosotros venimos de ATE, de la CTA, de la lucha social, porque ahí es donde se forman los cuadros con otra sensibilidad y podemos llegar a tener un Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Para nosotros lo más importante es la unidad popular porque más que un partido queremos construir un entero que esté al servicio de la unidad popular.
Lo nuestro es una esperanza en marcha con los 3 millones y medio de votos a nivel nacional que obtuvo el Frente Amplio Progresista en las elecciones generales de 2011. El mensaje que siento es el que recibo en esto de andar por el país y esta vuelta no nos vamos a conformar con decir lo que no queremos sino a decir lo que queremos. Y la prueba es esta Ley de prevención de riesgos laborales que va salir porque tenemos derecho a una vida digna.
Hoy no hay libertad y democracia sindical. Y es consecuencia de lo que planificó la dictadura de 1976. En 1976, el 67 % de los compañeros desaparecidos eran dirigentes sindicales: militantes, activistas y en algunos casos secretarios generales como Jorge Di Pascuale, Atilio Santillán, Atilio López. La dictadura, a diferencia del golpe de 1955, dijo hay que pegar acá, a los delegados y a la organización de los trabajadores.
Por eso fue planificado lo del ’76, y por eso hoy no hay delegados y no hay libertad y democracia sindical. Los grupos empresariales prohíben elegir delegados lo que trae indefensión y la continuidad sigue. El 84,7 % de las empresas privadas no tienen delegados, no eligen delegados, son datos oficiales del Ministerio de Trabajo.
La continuidad se manifiesta en que los dos lugares que no han sido democratizados después de casi 30 años de recuperadas las instituciones democráticas son las fuerzas de seguridad y el lugar donde se genera la riqueza. Esos dos lugares no se tocan y tenemos que democratizarlos.
El propio Ministerio de Trabajo de la Nación del señor Carlos Tomada, tiene entre el 25 y 30% de los trabajadores precarizados, y los inspectores que van a controlar el trabajo en negro son contratados.
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