lunes, 19 de junio de 2017

“Escriben por izquierda para golpear por derecha”, dijo Guido Dreizik

Con los votos mayoritarios del justicialismo y Cambiemos, la Legislatura provincial declaró servicio esencial al transporte. A partir de ahora, los trabajadores deberán anunciar con anticipación una huelga y garantizar guardias mínimas.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) y votada también por los radicales conducidos por el intendente de la Capital, Ramón Mestre y aliados (PRO y Frente Cívico).
Aprobada el 14 de junio, la ley declara esenciales a los servicios públicos sin especificarlos más allá de ser utilitarios de público general, no obstante la existencia de la Ley Nacional 25.877 que determina qué es esencial y qué no en un servicio público.


“Los sindicatos de la televisión protestaron, porque el espectro radioeléctrico de un canal es público, y asimismo pudiera serlo el servicio informativo”, expresa a Canal Abierto Guido Dreizik, Secretario General de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba. “Lo hicieron así porque no encontraron argumentos para definir al transporte como servicio público”.
Para el dirigente del gremio de prensa, lo relevante no es el aspecto técnico jurídico de la ley, sino el político. “Es una ley que reglamenta el Derecho a Huelga”, dice Dreizik, y remite a los artículos que exigen a los trabajadores la notificación de un paro con cinco días de anticipación y la disposición de guardias mínimas para no ser multados.
Para ello se modifica el Código de Convivencia: Quienes “interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o servicios considerados esenciales” serán sancionados con hasta tres días de arresto. El órgano que determinará en qué condiciones debe garantizarse un servicio mínimo será una comisión técnica conformada por cinco miembros “independientes” designados por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo.
La CTA Autónoma junto a las otras centrales cordobesas se manifestó en las cercanías de la Legislatura para expresar su rechazo a la ley, que calificó de inconstitucional. “Una vez más, el poder político intenta avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Quieren profundizar la criminalización de las protestas sociales y gremiales”, señaló Dreizik.
Y agregó: “Uno de los argumentos que esgrimen Mestre y Schiaretti es que en la ciudad de Córdoba no hay transporte alternativo, lo que lo convierte en servicio esencial. Pero es responsabilidad del Estado no haber hecho navegable el río Primero o no haber construidos subtes”.
Para Dreizik, "en Córdoba, el PJ, la UCR y sus aliados en Cambiemos ya nos tienen acostumbrados: Escriben por izquierda para golpear por derecha".

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