Cuando
Jorge Rafael Videla declaró como imputado el 6 de abril de 2011 en la
causa por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, se limitó a
mencionar tres aspectos.
* Ex detenido político. Director de Tiempo Latinoamericano. Biógrafo del Obispo Enrique Angelelli. Ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba
1. Que en
audiencia concedida, el nuncio Pío Laghi le dijo: “Presidente, la
Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de monseñor Angelelli fue
producto (sic) por un accidente. Usted puede dormir tranquilo respecto
de este asunto”.
2. Que hacía entrega al juez de documentación recibida de un ex colaborador (69 fojas en fotocopias).
3. Que ese ex colaborador era el coronel (R) Eduardo De Casas.
Lo que no agregó Videla es que el militar retirado había trabajado en
la Policía Federal de La Rioja y era enlace con inteligencia del
Ejército.
La documentación de Videla, en fotocopias sin firmas, era una
recopilación de informes de la inteligencia militar que pretendía
instalar la versión del “accidente fatal”. El juez Herrera Piedrabuena
desestimó el valor de esos anónimos por no reunir requisitos de prueba
indiciaria y calificó la maniobra como “‘operación’ tendiente a desviar
la investigación”. Pero esos papeles revelaron el activo rol de la
inteligencia militar y su preocupación ante el develamiento de la verdad
sobre el asesinato de Angelelli.
La actuación del colaborador de Videla, el coronel Eduardo De Casas,
empezó en julio de 1986, poco después de que el juez Aldo Morales
resolvió que la muerte del obispo obedecía a un “homicidio fríamente
premeditado”. Ante el interés del entonces obispo de La Rioja, Bernardo
Witte, elaboró una estrategia para hacerle llegar un supuesto testigo
directo que afirmaba la versión del accidente vial. Raúl Antonio Nacuzzi
declaró ante el obispo Witte –no ante la Justicia– que el conductor era
Arturo Pinto y el obispo Angelelli fue despedido por la puerta del
acompañante al volcar. Nacuzzi, fallecido, tuvo vinculaciones con el
Batallón de Ingenieros de La Rioja, según declaró su segunda esposa en
el juicio Angelelli, el pasado 9 de mayo.
La generosa colaboración de los servicios de inteligencia con el
obispo Witte avanzó con un peritaje mecánico extrajudicial realizado en
1988 por el coronel (R) Héctor Maximiliano Payba, Dir. Téc. EMGE (Estado
Mayor General del Ejército), quien siguiendo la versión militar dio por
supuesto que Angelelli no conducía la camioneta.
La segunda ofensiva de la inteligencia militar fue en 2006, cuando se
reactivó la causa por el asesinato, después de anuladas las leyes de
impunidad y se conmemoraron los treinta años del crimen. El presidente
Néstor Kirchner, con motivo de los homenajes, afirmó en Chamical que lo
habían asesinado los militares. Y el cardenal Jorge Bergoglio, revestido
con la casulla roja martirial, dijo en la homilía en la catedral
riojana ese 4 de agosto que Angelelli “fue testigo de la fe derramando
su sangre”.
Un nuevo informe sin firma ni fecha calificó de
“marxista-tercermundista” el impulso judicial de los querellantes. En
esta nueva etapa, además del coronel De Casas, que mostró poseer un
verdadero expediente paralelo, con papeles y fotos de Angelelli, algunos
en original –según declaró un testigo en el juicio–, actuó el general
(R) Jorge Norberto Apa, detenido y procesado en mayo de este año por 85
desapariciones y 20 secuestros en una investigación judicial a cargo de
la jueza federal Alicia Vence, de San Martín. El general Apa fue jefe de
Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la
Jefatura de inteligencia del Estado Mayor del Ejército en los años 1979 y
1980. Y siguió trabajando en su especialidad, aportando en la
elaboración de otro informe sobre la investigación efectuada por el
fallecimiento de Enrique Angelelli, bastante similar al anterior, según
la carta del arzobispo Carmelo Giaquinta al coronel De Casas. Pero
además desarrolló una intensa actividad hacia miembros destacados del
Episcopado argentino. Y demostrando conocer internas episcopales, el 2
de agosto de 2006, con el epígrafe de “presidente” –sin especificar de
qué–, envió una carta al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer: “Nos
dirigimos a S.E.R., en cumplimiento de un deber de elemental prioridad
ética, ante lo que consideramos una clara maniobra para involucrar a la
Iglesia Católica en un hecho de evidente falsedad. Nos referimos a la
muerte de monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como
martirio, ubicando como autores de su muerte a miembros de las FF.AA.
Adjuntamos para su conocimiento la información documentada (copia fiel
del original) que demuestra que la muerte fue claramente un accidente.
Si la jerarquía católica desconociese esa circunstancia, sería víctima
de una maniobra perversa y, como tal, plena de injusticia. Hemos
considerado que la magnitud y gravedad del hecho en análisis amerita su
conocimiento por las más altas autoridades de la Iglesia. En consonancia
con esto le hacemos saber que esta información le fue entregada al
señor cardenal primado, monseñor Jorge Bergoglio, con fecha 3 del
corriente”. Nótese que la carta fechada el 2 de agosto da cuenta de una
entrega de documentación aún no enviada. Un nuevo embate de inteligencia
para insistir ante la jerarquía eclesiástica en la versión del
accidente.
El mismo general Apa se presentó ante otros obispos sin identificarse
con rango militar sino como “Sr. Jorge Norberto Apa, presidente del
Centro de Estudios Históricos Verdad y Dignidad”, después de la creación
de la Comisión Episcopal ad hoc “Monseñor Enrique Angelelli” que
presidió Giaquinta hasta su fallecimiento. Y es mencionado por éste en
la carta al coronel De Casas. En esa carta, según los papeles de Videla,
también le agradeció la visita para reunirse con la mencionada comisión
en “El Cenáculo - La Montonera”, previa a la Asamblea Episcopal del 9
de abril de 2008. Esta intensa actividad de inteligencia, además de ser
usada ahora por los defensores de los imputados, ha influido sobre la
mayoría de los miembros del Episcopado, que hasta el momento soslayó
pronunciarse públicamente.
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