Abogada denuncia discriminación política

Mariana Vargas está indignada y se ríe, para no llorar, de la situación insólita que le toca vivir. La abogada de Romina Tejerina y conocida por su militancia social en defensa de los derechos de las mujeres en Jujuy, fue denunciada ante el Colegio de Abogados de esa provincia por escrachar a dos hombres denunciados por abuso sexual y podría ser castigada con la suspensión de su matrícula.

Sí, leyó bien: el Tribunal de Ética del Colegio podría suspenderla por haber participado activamente en la denuncia de personas acusadas de delitos tan graves como el de un abuso sexual a niños.
"Todo se originó por un afiche que colgué en el Facebook. Era un afiche con la foto de Antonio Sánchez, un hombre que fue denunciado ante la Justicia por abusar de su sobrina desde los 7 hasta los 14 años. Ese mismo afiche fue exhibido después en la concesionaria de autos donde trabaja Sánchez, en un escrache organizado por la Casa de las Mujeres en Lucha, donde yo también milito. El tema es que ambas cosas fueron un éxito, casi 500 personas compartieron lo del Facebook y el escrache tuvo mucha repercusión social. Después de esto Sánchez me hizo una denuncia en el Colegio de Abogados porque consideró que violé la ética profesional, cuando en realidad en su caso yo no formo parte del expediente entonces la acusación es absurda porque me manifesté como ciudadana y no como profesional", dijo Mariana Vargas, quien aclaró que todo está relacionado: no es casual que el abogado de la concesionaria de autos sea una de las máximas autoridades del Colegio de Abogados.
En general, los procedimientos ante el Tribunal de Etica tienen que ver con clientes de abogados que se sintieron defraudados por sus defensores porque les jugaron en contra o porque se quedaron con dinero que no les correspondía. Por eso, este caso es inédito. El proceso que enfrenta es visto por organizaciones del movimiento de mujeres como una persecución en represalia por su activismo contra la impunidad en casos de abuso y violación en el norte argentino. En los últimos días, la abogada recibió numerosas expresiones de apoyo y solidaridad, desde distintos puntos del país, de entidades, legisladoras, académicas, y también del cantante León Gieco. Y presentó al colegio una carta firmada por 300 personas pidiendo dar de baja su caso.
La segunda denuncia en su contra fue promovida ante el Colegio de Abogados de Jujuy por un médico cirujano acusado penalmente de obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de su intervención quirúrgica. Vargas explicó que ese médico fue sobreseído en primera instancia en un fallo dictado por el Juzgado de Causas Residual de la ciudad de San Pedro, de Jujuy, y actualmente tramita en la Justicia un recurso de apelación. En este caso, Vargas representa legalmente a la denunciante. “En un fallo escandaloso, los jueces le exigieron a la víctima del abuso sexual la prueba de resistencia física ante el ataque sexual, para tener por existente el mismo, lo que no exige nuestra ley”, señaló Vargas. La abogada no pudo acceder al contenido de la segunda denuncia. Según trascendidos, dijo, se le cuestiona no usar el potencial para referirse al acusado, dado que Vargas siempre lo menciona como “abusador sexual” de la joven que lo denunció y no como “presunto abusador”.
"Desde la organización a la que pertenezco pedimos la nulidad de mi caso, que consideramos como un claro ejemplo de discriminación política y persecución de género. Defendí a Romina Tejerina, soy querellante de la familia Marina Vilchez, una de las maestras desaparecidas de Jujuy y también de uno de los asesinados por la pueblada en Libertador General San Martín (ver http://www.apn.org.ar/index.php/com...) .
Denunciamos que el Colegio de Abogados de Jujuy se está transformando en un instrumento de defensa de los acusados por abuso sexual. Pero no sólo eso. Los que representan políticamente al colegio están ligados a la empresa Ledesma y el año pasado defendieron a un jefe de policía que fue acusado por crímenes de lesa humanidad y por ordenar la represión en la pueblada de General San Martín. Y lo mío, que es algo absolutamente liviano, es un abismo en relación a todo eso y encima me quieren suspender la matricula por decirle violador a quien fue acusado de abuso por una niña. Es una situación de absurdo: quieren callarnos la boca, pero no lo van a lograr", concluyó la abogada jujeña.
Fuente: www.apn.org.ar