La CTA,
junto a otras organizaciones, reclamó frente a la Casa de Córdoba en
Buenos Aires por la libertad de los presos políticos de Corral de
Bustos. Participaron Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos, Carlos
Chile de CTA Capital y Cacho Mengarelli de la CTA cordobesa.
Militantes
de la CTA Capital, judiciales bonaerenses, el Movimiento Teresa
Rodriguez, el Movimiento Territorial Liberación (MTL) y el MST, junto a
familiares, amigos y vecinos de los presos se acercaron el pasado 17 de
diciembre a la Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires para
reclamar la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos.
La actividad se enmarca dentro de la campaña "Navidad sin presos políticos" y se realizó unos días despues que tres de los compañeros presos en Corral de Bustos iniciaron una huelga de hambre para exigir su inmediata libertad. Medida que luego levantaron, a la espera del resultado de las actividades que se realizaron en Bellville y Villa María y a la movilización a la Casa de Córdoba en Buenos Aires.
En el acto hablaron Hugo Blasco, Carlos Chile y Cacho Mengarelli, secretario general de la CTA Córdoba quién expresó que “La justicia detuvo al voleo a más de 40 personas, imputó a 34 sin pruebas y después destruyeron las pruebas del incendio cuando tiraron abajo las ruinas del edificio. Es la primera vez que se criminaliza una pueblada. La pregunta del millón es quién quemó las oficinas de la Justicia”, señaló el dirigente y recordó que en aquél momento cuando sucedió la reacción del pueblo -tras la violación y muerte de Ariana Sabache-, “ya había un mar de fondo, ya se había denunciado que la nena era golpeada y que estaba desnutrida y nadie hizo nada”.
Mengarelli criticó el proceso judicial realizado desde la instrucción a la condena. “Se juzgó como estrago culposo en tribunales civiles cuando debía haberse hecho en la justicia federal”. En ese sentido, volvió a denunciar que un joven fue amenazado para que inculpara a unas personas y como no lo hizo fue preso dos meses. “Le pusieron una lapicera entre los dedos y lo apretaban”, graficó.
Durante el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco represivo a cargo de la guardia de infantería que generó la indignación de los manifestantes y que terminó con el incendio del edificio de tribunales. En los días siguientes, comenzó una verdadera caza de brujas cuyo saldo fue de 42 detenidos, de los cuales 34 fueron llevados a juicio después de una instrucción plagada de vicios y denuncias de torturas.
Seis de ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a penas de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini, condenados a 7 años de prisión efectiva; Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina Ripoll, Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César Suárez, a 2 años de prisión de ejecución condicional y Hugo Dobba a 3 años de prisión de ejecución condicional.
La actividad se enmarca dentro de la campaña "Navidad sin presos políticos" y se realizó unos días despues que tres de los compañeros presos en Corral de Bustos iniciaron una huelga de hambre para exigir su inmediata libertad. Medida que luego levantaron, a la espera del resultado de las actividades que se realizaron en Bellville y Villa María y a la movilización a la Casa de Córdoba en Buenos Aires.
En el acto hablaron Hugo Blasco, Carlos Chile y Cacho Mengarelli, secretario general de la CTA Córdoba quién expresó que “La justicia detuvo al voleo a más de 40 personas, imputó a 34 sin pruebas y después destruyeron las pruebas del incendio cuando tiraron abajo las ruinas del edificio. Es la primera vez que se criminaliza una pueblada. La pregunta del millón es quién quemó las oficinas de la Justicia”, señaló el dirigente y recordó que en aquél momento cuando sucedió la reacción del pueblo -tras la violación y muerte de Ariana Sabache-, “ya había un mar de fondo, ya se había denunciado que la nena era golpeada y que estaba desnutrida y nadie hizo nada”.
Mengarelli criticó el proceso judicial realizado desde la instrucción a la condena. “Se juzgó como estrago culposo en tribunales civiles cuando debía haberse hecho en la justicia federal”. En ese sentido, volvió a denunciar que un joven fue amenazado para que inculpara a unas personas y como no lo hizo fue preso dos meses. “Le pusieron una lapicera entre los dedos y lo apretaban”, graficó.
La criminalización de una pueblada
El 4 de diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, conocida como “el triángulo de las bermudas” reaccionaron masivamente hartos ya de la impunidad, encubrimiento y complicidad con que jueces, fiscales y policías actuaron frente al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. A la falta de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores al hecho, se sumaron el manejo de pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas a cargo de la policía local; fiscales y policías dedicados al armado de causas a favor de los ricos y poderosos; encubrimiento de mafias en el lavado de dinero; la trata regenteada por el poder político y judicial que fueron el detonante, junto a la bronca contenida durante años, para que luego del entierro de Ariana, el pueblo estallara en rebelión popular y se dirigiera a la plaza a manifestar su rabia.Durante el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco represivo a cargo de la guardia de infantería que generó la indignación de los manifestantes y que terminó con el incendio del edificio de tribunales. En los días siguientes, comenzó una verdadera caza de brujas cuyo saldo fue de 42 detenidos, de los cuales 34 fueron llevados a juicio después de una instrucción plagada de vicios y denuncias de torturas.
Seis de ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a penas de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini, condenados a 7 años de prisión efectiva; Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina Ripoll, Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César Suárez, a 2 años de prisión de ejecución condicional y Hugo Dobba a 3 años de prisión de ejecución condicional.
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