La autorización a la planta de la corporación de los transgénicos había sido negada por el entonces intendente Jure en noviembre de 2013, no sólo por haber desaprobado el estudio de impacto ambiental, sino para preservar la paz social, dado el rechazo de numerosas instituciones y sectores sociales. Por Lucía Maina para La tinta
A casi cuatro años del decreto que impidió a Monsanto instalarse en la ciudad de Río Cuarto, un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TJS) de Córdoba abrió la puerta a la multinacional para ir a juicio contra el municipio, al rechazar dos recursos presentados por el gobierno local. Este es el nuevo paso judicial de un largo proceso iniciado en 2014 con una demanda de la firma y que tiene como eje una planta experimental que la misma quiso poner en funcionamiento, incurriendo en diversas irregularidades.
Más allá de que el estudio de impacto ambiental presentado en su momento por Monsanto fue desaprobado, desde la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos recordaron que el rechazo a su planta, que finalmente fue ratificado por un decreto del ex intendente Jure, se basó en una decisión soberana del pueblo. En tanto, la actual gestión municipal de Unión por Córdoba sostuvo que van “a seguir con la postura de defender todo aquello que haga a la salubridad de los riocuartenses y la defensa del medio ambiente”.
El fallo judicial emitido el pasado 13 de septiembre y firmado por Domingo Sesín, Presidente de la Sala Contencioso Administrativa del TSJ, rechazó dos recursos que la Municipalidad había presentado para que no se hiciera lugar a la demanda de Monsanto, dado que la misma había sido presentada argumentando que se habían violado sus derechos subjetivos, una figura legal que no correspondía. En aquel momento, explicó el fiscal municipal Julián Oberti, “el municipio se opuso planteando que no había un derecho subjetivo afectado porque no había una habilitación concedida. En todo caso era un interés legítimo el que podía verse afectado, por lo cual debía ir por medio de la Justicia Civil ordinaria y no por la Cámara Contencioso Administrativa”.
En agosto de 2015 la Cámara I de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto respondió a los planteos del gobierno local y reconoció sus argumentos en cuanto a la cuestión de forma, pero emplazó a la firma a adecuar su demanda. Ante ello, el municipio apeló al tribunal provincial, el cual días atrás decidió no hacer lugar a esta presentación, y ratificó así la posibilidad de que la multinacional presente una nueva demanda por el fuero civil en los próximos treinta días. En este sentido, Oberti señaló: “Se resolvió una cuestión estrictamente formal, no se resolvió la cuestión de fondo, sobre la habilitación de la planta o sobre si el municipio tendría que abonar un resarcimiento por daños y perjuicios”.
Cabe recordar que el estudio de impacto ambiental de la planta de Monsanto -presentado por la empresa cuando la obra ya estaba construida, sin respetar los requisitos legales-, fue desaprobado en su momento por el EDECOM, el ente municipal a cargo de evaluarlo, y cuestionado por diversas instituciones y especialistas. Este fue uno de los fundamentos que llevó al ex intendente radical Juan Jure a rechazar por decreto su instalación, pero no el único: en ese documento, se estableció que la decisión buscaba resguardar la paz social, en base a la oposición de numerosos sectores sociales, políticos e institucionales, entre ellas la Universidad Nacional de Río Cuarto, a la radicación de la cuestionada corporación en la ciudad.
En ese marco, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que durante todo este conflicto realizó diversas acciones y manifestaciones en contra de la instalación de Monsanto, se reunió en los últimos días con funcionarios municipales y realizó una conferencia de prensa para expresar su preocupación.
“Nos alertamos y preocupamos por la respuesta de la Justicia habilitando a la empresa a demandar al municipio”, expresó Celeste Rumie, de la asamblea. Y agregó: “Vamos a defender esta decisión soberana de la ciudadanía más allá de lo que la Justicia haya fallado y lo que el gobierno actual piense hacer”.
En tanto, desde la actual gestión municipal del intendente Juan Manuel Llamosas, de Unión por Córdoba, sostienen que “frente a una demanda eventual de la empresa vamos a defendernos y a seguir con la postura de defender todo aquello que haga a la salubridad de los riocuartenses y la defensa del medio ambiente”. Así lo expresó a La Tinta el fiscal municipal Oberti. Sin embargo, la posición del gobierno local es incierta ante la posibilidad de que, juicio de por medio, Monsanto pueda volver a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental.
En relación a la oposición de la población a la empresa y al argumento del decreto firmado por Jure sobre el hecho de que su instalación pondría en riesgo la paz social, Oberti expresó: “En ese momento estaba la efervescencia plena del tema en Córdoba, con lo que sucedió en Malvinas Argentinas, y seguramente había un malestar que ameritaba este razonamiento. Pero son cuestiones subjetivas que no podemos considerar porque fue otra situación y otro contexto”. Aunque aclaró: “En el caso que se ponga en riesgo la paz social y que se compruebe que esto es así, el doctor Llamosas no va a hacer nada para convalidar una situación semejante”.
Desde que se firmó el decreto en rechazo a la instalación de Monsanto en Río Cuarto, las críticas y denuncias a la multinacional tanto a nivel local como a nivel mundial continuaron creciendo. La mayor evidencia de esta situación fue el conflicto en Malvinas Argentinas, donde, a pesar de las represiones y presiones ejercidas por parte de la empresa con la connivencia del gobierno de esa localidad, y con un acampe que duró tres años frente al predio donde pretendía construir su planta, Monsanto no pudo instalarse. A nivel mundial, en tanto, la firma sigue acumulando cuestionamientos, que quedaron especialmente en evidencia en abril de este año en La Haya, donde un Tribunal Internacional, conformado por cinco reconocidos jueces, emitió una resolución no vinculante en la que declaró a la multinacional culpable por daños a la salud, el ambiente y la libertad científica y del crimen de ecocidio.
“Atento la preocupación que las diversas instituciones de la Ciudad han planteado en orden a la habilitación solicitada por Monsanto Argentina S.A., apreciando este Departamento Ejecutivo el interés público comprometido a la hora del otorgamiento de una habilitación para el funcionamiento de la planta de dicha empresa, es que no se considera oportuna la habilitación solicitada a los fines de garantizar la tranquilidad y la paz social. Es de destacar que en el proceso de toma de decisiones referidos a la solicitud de habilitación que se plantea, se han escuchado en diversas audiencias y reuniones a diferentes sectores sociales que han contribuido con su participación, efectuando aportes importantes a la hora de valorar el interés público comprometido y que se aprecia en el presente decreto. Finalmente es importante señalar que también en dicho proceso participativo, han tenido intervención diferentes instituciones académicas, como en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes se expresaron públicamente en sentido negativo a la radicación del emprendimiento de Monsanto Argentina S.A”, plantea el decreto municipal emitido el 27 de noviembre de 2013.
Fuente: Lucía Maina; www.latinta.com.ar
A casi cuatro años del decreto que impidió a Monsanto instalarse en la ciudad de Río Cuarto, un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TJS) de Córdoba abrió la puerta a la multinacional para ir a juicio contra el municipio, al rechazar dos recursos presentados por el gobierno local. Este es el nuevo paso judicial de un largo proceso iniciado en 2014 con una demanda de la firma y que tiene como eje una planta experimental que la misma quiso poner en funcionamiento, incurriendo en diversas irregularidades.
Más allá de que el estudio de impacto ambiental presentado en su momento por Monsanto fue desaprobado, desde la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos recordaron que el rechazo a su planta, que finalmente fue ratificado por un decreto del ex intendente Jure, se basó en una decisión soberana del pueblo. En tanto, la actual gestión municipal de Unión por Córdoba sostuvo que van “a seguir con la postura de defender todo aquello que haga a la salubridad de los riocuartenses y la defensa del medio ambiente”.
El fallo judicial emitido el pasado 13 de septiembre y firmado por Domingo Sesín, Presidente de la Sala Contencioso Administrativa del TSJ, rechazó dos recursos que la Municipalidad había presentado para que no se hiciera lugar a la demanda de Monsanto, dado que la misma había sido presentada argumentando que se habían violado sus derechos subjetivos, una figura legal que no correspondía. En aquel momento, explicó el fiscal municipal Julián Oberti, “el municipio se opuso planteando que no había un derecho subjetivo afectado porque no había una habilitación concedida. En todo caso era un interés legítimo el que podía verse afectado, por lo cual debía ir por medio de la Justicia Civil ordinaria y no por la Cámara Contencioso Administrativa”.
En agosto de 2015 la Cámara I de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto respondió a los planteos del gobierno local y reconoció sus argumentos en cuanto a la cuestión de forma, pero emplazó a la firma a adecuar su demanda. Ante ello, el municipio apeló al tribunal provincial, el cual días atrás decidió no hacer lugar a esta presentación, y ratificó así la posibilidad de que la multinacional presente una nueva demanda por el fuero civil en los próximos treinta días. En este sentido, Oberti señaló: “Se resolvió una cuestión estrictamente formal, no se resolvió la cuestión de fondo, sobre la habilitación de la planta o sobre si el municipio tendría que abonar un resarcimiento por daños y perjuicios”.
Cabe recordar que el estudio de impacto ambiental de la planta de Monsanto -presentado por la empresa cuando la obra ya estaba construida, sin respetar los requisitos legales-, fue desaprobado en su momento por el EDECOM, el ente municipal a cargo de evaluarlo, y cuestionado por diversas instituciones y especialistas. Este fue uno de los fundamentos que llevó al ex intendente radical Juan Jure a rechazar por decreto su instalación, pero no el único: en ese documento, se estableció que la decisión buscaba resguardar la paz social, en base a la oposición de numerosos sectores sociales, políticos e institucionales, entre ellas la Universidad Nacional de Río Cuarto, a la radicación de la cuestionada corporación en la ciudad.
En ese marco, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que durante todo este conflicto realizó diversas acciones y manifestaciones en contra de la instalación de Monsanto, se reunió en los últimos días con funcionarios municipales y realizó una conferencia de prensa para expresar su preocupación.
“Nos alertamos y preocupamos por la respuesta de la Justicia habilitando a la empresa a demandar al municipio”, expresó Celeste Rumie, de la asamblea. Y agregó: “Vamos a defender esta decisión soberana de la ciudadanía más allá de lo que la Justicia haya fallado y lo que el gobierno actual piense hacer”.
En tanto, desde la actual gestión municipal del intendente Juan Manuel Llamosas, de Unión por Córdoba, sostienen que “frente a una demanda eventual de la empresa vamos a defendernos y a seguir con la postura de defender todo aquello que haga a la salubridad de los riocuartenses y la defensa del medio ambiente”. Así lo expresó a La Tinta el fiscal municipal Oberti. Sin embargo, la posición del gobierno local es incierta ante la posibilidad de que, juicio de por medio, Monsanto pueda volver a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental.
En relación a la oposición de la población a la empresa y al argumento del decreto firmado por Jure sobre el hecho de que su instalación pondría en riesgo la paz social, Oberti expresó: “En ese momento estaba la efervescencia plena del tema en Córdoba, con lo que sucedió en Malvinas Argentinas, y seguramente había un malestar que ameritaba este razonamiento. Pero son cuestiones subjetivas que no podemos considerar porque fue otra situación y otro contexto”. Aunque aclaró: “En el caso que se ponga en riesgo la paz social y que se compruebe que esto es así, el doctor Llamosas no va a hacer nada para convalidar una situación semejante”.
Desde que se firmó el decreto en rechazo a la instalación de Monsanto en Río Cuarto, las críticas y denuncias a la multinacional tanto a nivel local como a nivel mundial continuaron creciendo. La mayor evidencia de esta situación fue el conflicto en Malvinas Argentinas, donde, a pesar de las represiones y presiones ejercidas por parte de la empresa con la connivencia del gobierno de esa localidad, y con un acampe que duró tres años frente al predio donde pretendía construir su planta, Monsanto no pudo instalarse. A nivel mundial, en tanto, la firma sigue acumulando cuestionamientos, que quedaron especialmente en evidencia en abril de este año en La Haya, donde un Tribunal Internacional, conformado por cinco reconocidos jueces, emitió una resolución no vinculante en la que declaró a la multinacional culpable por daños a la salud, el ambiente y la libertad científica y del crimen de ecocidio.
“Atento la preocupación que las diversas instituciones de la Ciudad han planteado en orden a la habilitación solicitada por Monsanto Argentina S.A., apreciando este Departamento Ejecutivo el interés público comprometido a la hora del otorgamiento de una habilitación para el funcionamiento de la planta de dicha empresa, es que no se considera oportuna la habilitación solicitada a los fines de garantizar la tranquilidad y la paz social. Es de destacar que en el proceso de toma de decisiones referidos a la solicitud de habilitación que se plantea, se han escuchado en diversas audiencias y reuniones a diferentes sectores sociales que han contribuido con su participación, efectuando aportes importantes a la hora de valorar el interés público comprometido y que se aprecia en el presente decreto. Finalmente es importante señalar que también en dicho proceso participativo, han tenido intervención diferentes instituciones académicas, como en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes se expresaron públicamente en sentido negativo a la radicación del emprendimiento de Monsanto Argentina S.A”, plantea el decreto municipal emitido el 27 de noviembre de 2013.
Fuente: Lucía Maina; www.latinta.com.ar
* Equipo de Comunicación de la CTA Río Cuarto
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