La megaminería contaminante a cielo abierto; el monocultivo de soja transgénica; la producción de bioetanol para destinar el maíz a la fabricación de combustible antes que utilizarlo como alimento para saciar a los hambrientos, y la captura del ahorro nacional por parte de la banca internacional, son algunas de las manifestaciones que caracterizan a una democracia colonial.
La renta petrolera, financiera, ictícola, minera y agraria en manos de los grandes grupos
concentrados. La soberanía ausente. El Estado bobo. Gobernantes transformados en "pagadores seriales" de la ilegítima e ilegal deuda externa mientras el pueblo padece hambre, privaciones y desamparo. Los peces grandes devorando a los más chicos. La corrupción dominando la obscenidad del poder. La irracionalidad del capitalismo rigiendo la lógica de la política hegemónica.
De las 500 empresas más grandes del país, 324 son extranjeras y sólo 176 son argentinas. Y solo 5 corporaciones multinacionales concentran la mitad (50,7%) de las exportaciones de granos: Nidera y Noble (COFCO), Dreyfus, Cargill y Bunge.
Desde diciembre de 1983 los distintos gobiernos democráticos han emparchado la estructura política, económica y social cuidándose muy bien de mantener inalterable la matriz de acumulación económica que genera los actuales estándares de desigualdad social.
Las disputas al interior del bloque dominante se dirimen ora a favor de un sector, ora a favor de otro, pero conservando siempre las palancas del poder real o, lo que es lo mismo, la sartén por el mango.
El último día de enero de 1813 se reunió La Asamblea Constituyente. Si bien no va a poder declarar la Independencia de España, por vez primera va a asumir la soberanía nacional en nombre del pueblo, y no del rey Fernando VII. La Asamblea del año XIII, tuvo carácter nacional porque sus diputados representaban a todas las provincias. Y la denominación de Constituyente se justificó porque, a pesar de no haber dictado una Constitución, su labor social, política, económica y jurídica, equivalen a la promulgación de un texto constitucional.
Entre las medidas adoptadas en lo político-social figuran la “libertad de vientres”, por la cual los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero de 1813 eran considerados libres; abolió la esclavitud declarándose libres a todos los esclavos por el solo hecho de pisar nuestro territorio; abolió la mita, la encomienda, el yanaconazgo y todo servicio personal de explotación de los indios; abolió los títulos de nobleza y los mayorazgos, etcétera. Respecto a nuestros símbolos nacionales, creó el Escudo Nacional, aprobó el Himno, declaró fiesta cívica al 25 de Mayo y creó un sello para la Asamblea y para el Poder Ejecutivo entre otras resoluciones.
La Asamblea del año XIII será el antecedente inmediato del Congreso que deliberará tres años más tarde en Tucumán para declarar nuestra Independencia de España y de cualquier otra potencia extranjera. Vale la pena traer del arcón de la memoria histórica estos episodios que aluden a las primeras nociones de soberanía ejercidas por nuestros pioneros ahora que asistimos a diversas expresiones de la larga resistencia que nuestra sociedad viene sosteniendo contra el modelo extractivista-dependiente de minería transnacional a gran escala.
El nombre de cipayo proviene del persa sipahi. Posteriormente, en el Imperio Británico, se conocía como cipayo a un nativo de la India reclutado como soldado al servicio del poder europeo, normalmente del Reino Unido, pero también extendido su uso a los ejércitos coloniales de Francia y Portugal. En la Argentina, el inolvidable Arturo Jauretche lo impuso en la terminología política para referirse a elites dominantes o ciudadanos funcionales a potencias colonialistas.
La democracia colonial también se caracteriza por la crisis de representación política que se expresa con el pueblo en la calle y las rutas para hacer oír su voz, mientras los gobernantes, la Justicia y las fuerzas de seguridad actúan como gerentes de las corporaciones transnacionales que devastan nuestras riquezas naturales, violan los derechos de ciudadanía y criminalizan la protesta social.
Las políticas neocoloniales generan el rechazo generalizado del pueblo y encienden la mecha del conflicto. Por ello, el poder activa las señales de alarma frente a la reacción popular y busca por todos los medios perforar cualquier intento de articulación del campo popular. Cuando no lo consigue a través de la cooptación o la fractura, reprime sin eufemismos. Más aún, ha dado licencia para matar. El asesinato de 18 luchadores populares en poco más de un año y medio así lo testimonia.
El poder es consciente que, a diferencia del 2001, el movimiento popular tiene mucha más organización, referencia, pertenencia y representación a nivel territorial a lo largo y ancho de nuestro país.
La clase trabajadora no está dispuesta a ceder ninguna conquista obtenida en los últimos años en nombre de la “prudencia”, la "paz social" y la “racionalidad” que claman a coro las patronales y el Gobierno, mientras no se altera ni un ápice un modelo injusto y violento que no ha sido capaz de resolver los problemas básicos de la mayoría de la población.
Es tiempo de pensar y construir colectivamente otro paradigma, que en lugar de asentarse en la codicia y la explotación del hombre por el hombre, represente el emergente de un nuevo Proyecto de Emancipación.
Juan Carlos Giuliani
Secretario de Relaciones
Institucionales de la CTA.
