La
inminencia del próximo turno electoral en 2015, no debería subordinar la
construcción cotidiana de una de las propuestas estratégicas más
vigorosas que supo gestar la CTA: La convocatoria hacia una
Constituyente Social.
* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
Resulta
legítimo que ante la proliferación de candidatos del Partido Único del
Ajuste y la Deuda se intente construir un amplio frente político de
unidad popular para acometer las elecciones del año próximo y conformar
una alternativa superadora al actual modelo neodesarrollista
dependiente. No obstante, y para que el árbol no tape el bosque, ello no
debería hacernos perder de vista que las transformaciones pendientes en
nuestro país requieren del reagrupamiento del Movimiento Popular
actualmente fragmentado y disperso por debilidades propias y por la
voluntad explícita del poder que ha fracturado toda organización que no
ha podido subordinar a su antojo.
La crispación social que marca la actual etapa demanda la imperiosa necesidad de avanzar en el proceso de la Constituyente Social, entendiendo que se trata de una iniciativa política y no de una herramienta organizativa y que, por lo tanto, requiere de una convocatoria a un ancho espacio multisectorial que sea capaz de reunir a todos los que luchan y no se resignan a este presente de frustración de las mayorías.
En una situación signada por un modelo extractivista, agrosojero exportador, de transferencia de los recursos al poder económico concentrado, donde 3 de cada 10 hogares son pobres y 7 de cada 10 no llegan a fin de mes, con el salario pulverizado por la inflación y la devaluación, donde permanece invicta la injusta matriz distributiva de la riqueza, con un 50 por ciento de la fuerza económicamente activa de la población precarizada, y con la brutal transferencia a manos extranjeras de la propiedad de la tierra, con los bancos como los grandes beneficiarios del sistema, el capitalismo reproduce sus fines de dominación.
La presión de los grupos económicos para el cumplimiento de los pagos externos con la intención de que no se investigue y determine qué deuda es legítima y cuál fraudulenta, propiciando un ajuste ortodoxo para que la crisis la paguemos los trabajadores, deviene en pérdida de empleo, suspensiones y mayor precarización y una extendida resistencia que se expresa en los tres paros nacionales que construyó la clase trabajadora contra la política económica y social del Gobierno en menos de dos años.
Estos grupos de poder alientan las formas de tercerización del trabajo para garantizarse mayores ganancias ya que estas relaciones laborales se construyen al margen de los convenios colectivos que rigen la actividad en las principales ramas de la producción. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo de la Nación y los ministerios provinciales actúan como garantes del status quo, operando en infinidad de ocasiones como cómplices de las patronales.
La criminalización de la protesta, la naturalización de la violencia para la resolución de los conflictos, la ausencia de mecanismos del Estado para intervenir en diferencias domésticas que provocan, entre otras cosas, que una mujer muera cada 30 horas por femicidio, son otros tantos síntomas de las penurias sociales, en una coyuntura en la que se agiganta el rechazo popular a cualquier intento de restauración oligárquica que pretenda arrebatar los derechos conquistados.
El proceso hacia la Constituyente Social tuvo un multitudinario Primer Encuentro Nacional en octubre de 2008 en Jujuy, pasando luego por el Encuentro de la Juventud realizado en Embalse de Río Tercero y el Segundo Encuentro Nacional en Neuquén en noviembre del año 2009. Luego entró en una suerte de amesetamiento a partir de la discontinuidad de las asambleas locales y distritales y un cuadro de situación de la fuerza propia caracterizado por una fuerte disputa interna en torno a preservar o no la autonomía de la Central de los patrones, los gobiernos y los partidos y que desembocó en el proceso de fractura de la CTA impulsado desde el Gobierno en 2010. El atropello a la voluntad mayoritaria de nuestros afiliados se consumó mediante la desembozada injerencia del Ministerio de Trabajo que desconoció el triunfo en las elecciones de la Lista 1 Germán Abdala encabezada por Pablo Micheli y designó interventor al candidato perdedor quien no dudó en entregar las banderas fundacionales proclamadas en el Grito de Burzaco.
En Neuquén se pusieron en debate las campañas públicas relativas a la distribución de la riqueza, soberanía sobre nuestros bienes comunes, democracia participativa, integración latinoamericana y cultura popular que, en conjunto, integran un programa político que responde a una estrategia de poder integral que apunta a recrear un nuevo Proyecto Emancipador.
El objetivo medular de la Constituyente es constituirnos en actores y protagonistas de la sociedad, impulsar la unidad del pueblo en un proyecto común que nos permita no delegar más para gobernarnos a nosotros mismos. Queremos ser la piedra en el zapato del poder, plantear que esta democracia fosilizada, a más de treinta años de su recuperación, se ha revelado incapaz de dar de comer, proveer educación y sanar al pueblo. Por lo tanto, es menester promover una democracia participativa, plebiscitaria y de carácter social que termine con el hambre y la pobreza, el tributo que los gerentes del poder brindan impúdicamente en el altar del capitalismo globalizado.
No hay Constituyente Social sin clase trabajadora unida y consciente, porque no podemos pedirle a otro que haga lo que nosotros no hacemos. La Constituyente es el camino para discutir qué país queremos y fundamentalmente, cómo lo queremos gobernar. La crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, sino que la tienen que pagar los que inventaron el hambre en nuestro país. Se trata de una invitación a seguir construyendo ese sueño colectivo a favor de la vida, el progreso y la felicidad de nuestro pueblo.
Resistir construyendo es la clave. Transformar la tarea de recuperar derechos en un contrapoder a la hegemonía de los que mandan. Este accionar puede convertirse en el soporte que prepare las condiciones para una nueva oleada de transformaciones que haga efectivos los sueños irrealizados de otras generaciones. Implica, de paso, un desafío mayúsculo que nos enfrenta a asumir la decolonialidad como madre de todas las batallas, y eso sigue exigiendo reconstruir un Proyecto de Liberación Nacional y Social.
No acordamos con el precepto de la Constitución del ’53 según el cual “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Ese concepto voló por el aire después de la pueblada de diciembre de 2001, precisamente porque están cuestionados los representantes.
Para no delegar más, hay que hacerse cargo de militar una alternativa política que nos permita remontar una nueva experiencia de poder popular en la Argentina.
La crispación social que marca la actual etapa demanda la imperiosa necesidad de avanzar en el proceso de la Constituyente Social, entendiendo que se trata de una iniciativa política y no de una herramienta organizativa y que, por lo tanto, requiere de una convocatoria a un ancho espacio multisectorial que sea capaz de reunir a todos los que luchan y no se resignan a este presente de frustración de las mayorías.
En una situación signada por un modelo extractivista, agrosojero exportador, de transferencia de los recursos al poder económico concentrado, donde 3 de cada 10 hogares son pobres y 7 de cada 10 no llegan a fin de mes, con el salario pulverizado por la inflación y la devaluación, donde permanece invicta la injusta matriz distributiva de la riqueza, con un 50 por ciento de la fuerza económicamente activa de la población precarizada, y con la brutal transferencia a manos extranjeras de la propiedad de la tierra, con los bancos como los grandes beneficiarios del sistema, el capitalismo reproduce sus fines de dominación.
La presión de los grupos económicos para el cumplimiento de los pagos externos con la intención de que no se investigue y determine qué deuda es legítima y cuál fraudulenta, propiciando un ajuste ortodoxo para que la crisis la paguemos los trabajadores, deviene en pérdida de empleo, suspensiones y mayor precarización y una extendida resistencia que se expresa en los tres paros nacionales que construyó la clase trabajadora contra la política económica y social del Gobierno en menos de dos años.
Estos grupos de poder alientan las formas de tercerización del trabajo para garantizarse mayores ganancias ya que estas relaciones laborales se construyen al margen de los convenios colectivos que rigen la actividad en las principales ramas de la producción. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo de la Nación y los ministerios provinciales actúan como garantes del status quo, operando en infinidad de ocasiones como cómplices de las patronales.
La criminalización de la protesta, la naturalización de la violencia para la resolución de los conflictos, la ausencia de mecanismos del Estado para intervenir en diferencias domésticas que provocan, entre otras cosas, que una mujer muera cada 30 horas por femicidio, son otros tantos síntomas de las penurias sociales, en una coyuntura en la que se agiganta el rechazo popular a cualquier intento de restauración oligárquica que pretenda arrebatar los derechos conquistados.
El proceso hacia la Constituyente Social tuvo un multitudinario Primer Encuentro Nacional en octubre de 2008 en Jujuy, pasando luego por el Encuentro de la Juventud realizado en Embalse de Río Tercero y el Segundo Encuentro Nacional en Neuquén en noviembre del año 2009. Luego entró en una suerte de amesetamiento a partir de la discontinuidad de las asambleas locales y distritales y un cuadro de situación de la fuerza propia caracterizado por una fuerte disputa interna en torno a preservar o no la autonomía de la Central de los patrones, los gobiernos y los partidos y que desembocó en el proceso de fractura de la CTA impulsado desde el Gobierno en 2010. El atropello a la voluntad mayoritaria de nuestros afiliados se consumó mediante la desembozada injerencia del Ministerio de Trabajo que desconoció el triunfo en las elecciones de la Lista 1 Germán Abdala encabezada por Pablo Micheli y designó interventor al candidato perdedor quien no dudó en entregar las banderas fundacionales proclamadas en el Grito de Burzaco.
En Neuquén se pusieron en debate las campañas públicas relativas a la distribución de la riqueza, soberanía sobre nuestros bienes comunes, democracia participativa, integración latinoamericana y cultura popular que, en conjunto, integran un programa político que responde a una estrategia de poder integral que apunta a recrear un nuevo Proyecto Emancipador.
El objetivo medular de la Constituyente es constituirnos en actores y protagonistas de la sociedad, impulsar la unidad del pueblo en un proyecto común que nos permita no delegar más para gobernarnos a nosotros mismos. Queremos ser la piedra en el zapato del poder, plantear que esta democracia fosilizada, a más de treinta años de su recuperación, se ha revelado incapaz de dar de comer, proveer educación y sanar al pueblo. Por lo tanto, es menester promover una democracia participativa, plebiscitaria y de carácter social que termine con el hambre y la pobreza, el tributo que los gerentes del poder brindan impúdicamente en el altar del capitalismo globalizado.
No hay Constituyente Social sin clase trabajadora unida y consciente, porque no podemos pedirle a otro que haga lo que nosotros no hacemos. La Constituyente es el camino para discutir qué país queremos y fundamentalmente, cómo lo queremos gobernar. La crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, sino que la tienen que pagar los que inventaron el hambre en nuestro país. Se trata de una invitación a seguir construyendo ese sueño colectivo a favor de la vida, el progreso y la felicidad de nuestro pueblo.
Resistir construyendo es la clave. Transformar la tarea de recuperar derechos en un contrapoder a la hegemonía de los que mandan. Este accionar puede convertirse en el soporte que prepare las condiciones para una nueva oleada de transformaciones que haga efectivos los sueños irrealizados de otras generaciones. Implica, de paso, un desafío mayúsculo que nos enfrenta a asumir la decolonialidad como madre de todas las batallas, y eso sigue exigiendo reconstruir un Proyecto de Liberación Nacional y Social.
No acordamos con el precepto de la Constitución del ’53 según el cual “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Ese concepto voló por el aire después de la pueblada de diciembre de 2001, precisamente porque están cuestionados los representantes.
Para no delegar más, hay que hacerse cargo de militar una alternativa política que nos permita remontar una nueva experiencia de poder popular en la Argentina.
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