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Advirtió
sobre la impunidad con que los grupos empresariales venden señales sin
la participación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), violando el artículo 41. Asimismo aclaró que desde
la norma, Clarín, Telefé, el Grupo Vila Manzano y Cadena 3, son
monopolios.
Con respecto a la amenaza de despidos lanzada desde el Grupo Clarín
manifestó que cualquier proceso de adecuación que se haga debe respetar
las condiciones laborales de los trabajadores. Llamó a estar atentos y
unidos en torno a la organización.
-Las jornadas de debate del Congreso del Cispren en Mina
Clavero se realizaron en torno a la Ley 26522, y el próximo inicio del
proceso de adecuación empresarial. ¿Cómo evalúa el desarrollo de este
encuentro?
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Un
tema casi excluyente ha sido la discusión sobre los pro y los contra de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que a casi tres años de
sancionada todavía no se esté aplicando en plenitud pese a que fue
aprobada con un alto consenso social y con una gran participación de
los sujetos de la actividad de la comunicación. Como Cispren hemos
trabajado en la Coalición por una Radiodifusión Democrática en la
redacción de los 21 puntos que luego sirvieron de plataforma.
Ahora, está cuestionado solo uno de los artículos: el 161, que obliga
a los monopolios a comenzar con la desinversión para ponerse en órbita
con lo que plantea la norma. No se entiende, entonces, por qué si el
resto del articulado está en vigencia no se cumpla.
-¿Po qué no se aplica?
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Bueno,
creemos que se debe a varias razones. Por un lado, porque se está
enfrentando a un poder de dimensiones importantes que no hay que
subestimar, que tiene raigambre en sectores políticos, de la
comunicación, de la justicia y demás, como lo es Clarín. Esa es una
parte atendible y muy importante, pero también es cierto que hay que
achacarle al gobierno una cierta indolencia o mora en ajustar otros
puntos de la ley que permitan su aplicación inmediatamente.
-¿Cuáles serían esos puntos?
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Por
ejemplo: no se ha constituido la Comisión Bicameral que prevé la ley,
conformada por ocho senadores y ocho diputados del oficialismo y la
oposición, y que tendría a su cargo el seguimiento, la fiscalización y
la regulación de tareas elementales para que comience a funcionar. Por
lo tanto, el directorio de la AFSCA sigue teniendo el mismo formato que
el ex Comfer. Solo está integrado por funcionarios del poder ejecutivo
nacional, lo cual deja rengo de legalidad y legitimidad a ese organismo.
Faltan nombrar los directores de la oposición parlamentaria para que
el ámbito sea amplio y plural y no un sitio donde se reproducen las
directivas del Ejecutivo.
Tampoco se respeta el artículo 41 que plantea la sesión de las
licencias. Hace pocos días, el Grupo Hadad le vendió a Indalo de
Cristóbal López, el canal de noticias C5N, Radio 10, la más escuchada en
todo el país, más cuatro FM, sin pasar por la AFSCA, violando
absolutamente la ley. Lo mismo ocurrió con el Grupo Garfunkel que le
vendió a Monetta la Rock and Pop, Splendid, Belgrano, y otras radios.
-¿Qué está pasando con los medios comunitarios y alternativos?
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Uno
de los hechos más revolucionarios de la ley es la distribución del
espectro. 33 por ciento para las empresas capitalistas con fines de
lucro, 33 por ciento para los medios públicos y el otro 33 para las
organizaciones libres del pueblo. Pues bien, hay una lógica que sigue
rigiéndose como si la ley estuviera normada para los medios privados.
Tuvieron que suspender la licitación de 200 frecuencias de televisión
digital porque se exigían 180 mil pesos para retirar el pliego de
adjudicación. Es decir: si no tenés dinero no accedés. El gobierno ha
dado dos licencias de canales de HD. Uno de ellos, a Construir; se lo
otorgó a la UOCRA, gremio liderado por un ex agente de los servicios de
inteligencia como Gerardo Martínez. Y lo sigue haciendo sin convocar a
los medios alternativos. Entonces, digo: esto, no se le puede reprochar a
la “Corpo”.
-¿Cómo juegan los otros grupos empresarios?
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Advierto
que el problema de la desinversión no es solo un problema del grupo
Clarín. Para la Ley también son monopolios el grupo América de Vila
Manzano, el grupo de Moneta, Cadena 3, Telefónica-Telefé, etc. Nosotros
hemos apoyado esta ley -que no es de “medios” porque no entran ni los
productos gráficos ni Internet-, porque debe democratizar el mensaje
comunicacional y además porque a los gremios nos da una herramienta
poderosa para combatir el trabajo en negro. Se supone que nadie podría
tener una licencia con personal no registrado. Pero no estamos de
acuerdo con que se vista un santo para desvestir a otro.
-También están los artículos que afectaron el trabajo de los locutores y en Córdoba hubo una reacción importante.
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Los
artículos 154 y 155, promovidos por la Sociedad Argentina de Locutores
(SAL), estipulan que si uno no tenía un carnet del ISER, no podría
ejercer la locución. Esto dejaba afuera a miles de trabajadores idóneos
en todo el país. En Córdoba, hubo un buen ejemplo: no quedarse de
brazos cruzados. Como no lograron la contención en la SAL, vinieron al
Cispren y se conformaron como Locutores por su Identidad. Hoy podemos
decir que hemos logrado la firma de convenios con la Universidad
Nacional de Córdoba, con la Universidad Nacional de Río Cuarto y ya se
están entregando las habilitaciones. Ahora, si no hacías nada te pasaban
por encima.
-Los trabajadores del grupo Clarín viven con incertidumbre su futuro laboral en esta provincia. ¿Qué deberían esperar?
-En primer lugar llevarles tranquilidad porque tienen un sindicato
que siempre defiende a los trabajadores. En segundo lugar, plantear que
este discurso que genera terror está promovido desde el grupo Clarín
cuando dice que si se desprende de alguna de sus “unidades de negocios”
va a producir cesantías masivas. Creemos que este discurso es funcional
también al gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la
organización interna, nombrar delegados, y acercarse cada vez más al
sindicato porque nosotros estamos atentos y vigilantes para que
cualquier proceso de adecuación empresarial que haya respete las
condiciones laborales previas de los trabajadores.
Ese es el destino manifiesto que debe tener la ley. Que haya más
fuentes de trabajo para periodistas, locutores, productores, operadores,
administrativos lo cual fortalece la integridad regional.
Fuente: www.prensared.org
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